La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) expresa su profunda preocupación por la reciente decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se resolvió dejar sin efecto la orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, permitiendo su salida inmediata de privación de la libertad, en tanto se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa.
El documento oficial establece: “dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”.
El expresidente Uribe había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un fallo histórico que buscaba reafirmar el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad de los altos funcionarios. Sin embargo, la defensa —representada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana— presentó un recurso de apelación de 904 páginas alegando supuestas motivaciones políticas y violaciones al debido proceso, con lo cual se pretende obtener la revocatoria parcial de la sentencia y la absolución del exmandatario.
El senador Iván Cepeda, parte civil en el proceso, reaccionó señalando: “En este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta aunque no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la juez Heredia era una medida para protegernos de ese tipo de acciones”.
Desde AIDHDES consideramos que esta decisión judicial, aunque ajustada a los procedimientos de apelación y tutela reconocidos en el ordenamiento colombiano, constituye un lamentable retroceso en la lucha contra la impunidad. La liberación provisional del expresidente Uribe, en un caso de alta trascendencia política y social, genera un mensaje de desconfianza hacia la independencia judicial y abre un espacio para presiones indebidas que podrían entorpecer el proceso en curso.
La comunidad internacional observa con atención este caso emblemático. Para las víctimas y la sociedad civil, resulta esencial que se respete la independencia de los jueces, que se garantice un debido proceso libre de injerencias políticas, y que se mantenga firme el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral.
AIDHDES reafirma que ningún cargo de poder debe estar por encima de la ley y hace un llamado al Estado colombiano, a sus instituciones judiciales y a la comunidad internacional a garantizar que el curso de la justicia avance sin presiones indebidas, en conformidad con los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Estado de derecho democrático.
