La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) sacó un comunicado donde manifiesta su profunda preocupación ante las recientes declaraciones de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, quien anunció un incremento a 50 millones de dólares en la recompensa por información conducente a la captura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Estas acciones, carentes de respaldo jurídico internacional y basadas en acusaciones sin sustento probatorio de narcotráfico, contravienen principios esenciales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
AIDHDES subraya que las acusaciones estadounidenses carecen de verificación independiente por parte de organismos competentes como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, resulta contradictorio que mientras se intensifican sanciones unilaterales contra Venezuela, se relajen restricciones para empresas estadounidenses como Chevron en el sector petrolero venezolano.
De igual forma, estas medidas ignoran los mecanismos de cooperación judicial establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), optando por acciones coercitivas unilaterales, prohibidas por el Derecho Internacional y condenadas por la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, relativa a las relaciones amistosas entre los Estados.
La ofensiva judicial estadounidense se produce en un contexto político clave, posterior al triunfo electoral del oficialismo en las elecciones municipales y regionales de julio de 2025, comicios reconocidos tanto por autoridades nacionales como por observadores internacionales, incluida la participación de AIDHDES como garante del proceso in situ.
Particular preocupación genera que el presidente Donald Trump haya firmado recientemente un decreto que autoriza la intervención global de Estados Unidos bajo el pretexto de “combatir” el narcotráfico, abriendo la puerta a injerencias militares contrarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Frente a esta situación, AIDHDES formuló varias exigencias condenando el uso instrumental de la justicia como herramienta de coerción geopolítica, que atenta contra la estabilidad regional y erosiona el sistema multilateral. La organización reiteró que la soberanía de Venezuela es inviolable y que solo su pueblo tiene el derecho legítimo a decidir su destino político, de conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
Ver el comunicado: https://aidhdes.org/wp-content/uploads/2025/08/250807.-Comunicado-sobre-sanciones-aplicadas-al-presidente-MADURO-EEUU.pdf
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