Ginebra, 2 de abril 2026
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) expresa su profunda preocupación por la reciente decisión legislativa adoptada por el parlamento israelí, que introduce la posibilidad de aplicar la pena de muerte en un contexto marcado por la ocupación y profundas desigualdades jurídicas.
Esta medida no solo plantea serias dudas desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, sino que también podría vulnerar normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en territorios ocupados.
La posición de AIDHDES se apoya, entre otros elementos, en las recientes declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien ha señalado que dicha legislación es incompatible con las obligaciones internacionales y presenta un carácter profundamente discriminatorio, instando a su revisión inmediata a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
AIDHDES destaca que la introducción de la pena capital en estas condiciones podría consolidar un sistema de justicia diferenciado, en contravención de principios esenciales como la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo, consagrados en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Más allá de la dimensión normativa, AIDHDES subraya la insuficiencia de la respuesta institucional internacional hasta el momento. A pesar de la gravedad jurídica de la situación, no se ha producido aún una acción formal por parte de órganos intergubernamentales como el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea General del mismo organismo internacional, lo que pone de relieve las limitaciones estructurales del sistema multilateral frente a dinámicas geopolíticas complejas.
En este contexto, AIDHDES hace un llamado a una aplicación coherente y no selectiva del derecho internacional, señalando que la credibilidad del sistema depende de su capacidad para actuar con imparcialidad, independencia y apego a sus propios principios fundacionales.
