Ginebra, 9 de agosto 2026
En los últimos días, una revelación de proporciones alarmantes ha sacudido los cimientos de la credibilidad del sistema multilateral. Documentos filtrados señalan a Yahav Likner, exdiplomático israelí y actual director de UNICEF en Washington, de haber compartido información confidencial de las Naciones Unidas con funcionarios del Estado de Israel. La noticia no solo expone una brecha de seguridad grave: pone de relieve una verdad incómoda que los pueblos del Sur Global llevan décadas denunciando.
La historia comenzó a tomar forma cuando una serie de correos electrónicos filtrados mostraron a Likner transmitiendo informes internos de la ONU y coordinando reuniones privadas con representantes israelíes, todo ello mientras ocupaba un cargo que, en teoría, debería velar por los derechos de la niñez en todo el mundo. La ironía es demoledora: una agencia creada para proteger a los menores habría sido utilizada como canal de inteligencia por un Estado que, en la Franja de Gaza, ha dejado tras de sí a más de 50.000 personas muertas, la mayoría civiles y una cantidad abrumadora de niños.
Ante la presión mediática, UNICEF emitió un comunicado señalando que es «consciente de graves alegaciones» y que «está tomando las acciones correspondientes». El texto, sin embargo, no nombra al funcionario ni detalla qué sanciones concretas se aplicarán. Es el mismo guion que hemos visto una y otra vez: una declaración genérica, la espera de que el ciclo noticioso occidental gire la página, y la impunidad intacta.
En este contexto, nuestro consultor externo en derechos humanos y mecanismos de la ONU de nuestra organización, fue entrevistado por RT en inglés para analizar las implicaciones de este escándalo. Su diagnóstico fue contundente: esto no es un «caso aislado», sino la confirmación de un patrón sistémico.
López recordó que el espionaje atribuido a Likner ocurrió precisamente durante la investigación de la ONU sobre la guerra de 2014 en Gaza, donde más de 2.200 palestinos perdieron la vida. El objetivo, señaló, no era ocultar un hecho puntual, sino destruir la rendición de cuentas misma. Israel, argumentó, actúa con la convicción de estar por encima del derecho internacional, una impunidad que el Occidente hegemónico no solo tolera, sino que financiera y geopolíticamente sostiene.
El análisis de AIDHDES va más allá del caso individual. La pregunta que se impone no es si existen más «topos» israelíes dentro de la ONU, sino cuántos hay y en qué agencias. He ahí la importancia de descolonizar los Derechos Humanos y los organismos internacionales. La historia lo avala: desde Jonathan Pollard, quien entregó documentos secretos del Pentágono a Israel, hasta el reciente escándalo de un asesor de Netanyahu sorprendido robando documentos militares clasificados, el espionaje no es una anomalía en la política exterior israelí; es una práctica recurrente, incluso contra sus propios aliados.
Esto revela la naturaleza del Estado de Israel no como una nación más, sino como proxy militar del bloque occidental en Oriente Medio, amparado por miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense y por lobbies de extrema influencia en Washington y Bruselas. Colocar agentes dentro de organismos multilaterales no es, en este marco, un fallo de seguridad: es una característica del sistema diseñado para proteger a los poderosos.
La gravedad del caso radica en la instrumentalización de una agencia humanitaria para sabotear mecanismos de protección internacional. Cuando la información que debería servir para documentar crímenes de guerra termina en manos del presunto perpetrador, el sistema multilateral deja de ser un escudo para los pueblos oprimidos y se convierte en un corredor de impunidad.
La comunidad internacional —y especialmente los Estados del Sur Global— debe exigir algo más que una suspensión administrativa. Se necesita una auditoría de seguridad exhaustiva en todas las agencias de la ONU, la revisión de la cooperación técnica con Israel y ante todo, el fin de la impunidad que ha convertido al derecho internacional en letra muerta para los pueblos colonizados.
Mientras tanto, los niños de Gaza siguen muriendo bajo los escombros y la ONU sigue emitiendo comunicados. La diferencia, ahora, es que el mundo ya sabe que algunos de esos comunicados pueden estar siendo leídos en Tel Aviv antes de ser publicados.
