Ginebra, 12 de agosto 2026
Desde Ginebra, nuestro consultor de derechos humanos dialogó con teleSUR en las horas críticas posteriores al devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, dejando nueve departamentos en estado de emergencia y a ciudades como Pereira y Cali en un escenario de destrucción sin precedentes. La entrevista trascendió el mero balance de daños para situar el desastre en su verdadera dimensión: la vulnerabilidad estructural construida por décadas de abandono estatal, corrupción inmobiliaria y políticas de ajuste fiscal impuestas desde los centros de poder imperial.
López, con la autoridad que le confiere su trabajo en el sistema internacional de derechos humanos, alertó que, como ocurre en toda catástrofe, «los primeros en sufrir y los últimos en ser atendidos son los mismos»: mujeres, niñas, adolescentes, comunidades afrodescendientes, indígenas y poblaciones desplazadas. En particular, señaló la situación del departamento del Chocó, región históricamente despojada por el Estado, golpeada simultáneamente por la minería ilegal, la violencia paramilitar y ahora el sismo, evidenciando que la tragedia no fue solo telúrica, sino también política.
El analista cuestionó con rigor diplomático pero sin ambigüedades la gestión de la nueva administración de Abelardo de la Espriella, señalando que la falta de empalme institucional y el anuncio —en plena campaña— de cerrar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres por denuncias de corrupción, en lugar de reformarla con criterios de justicia social, dejó al país en una posición de extrema fragilidad ante la emergencia. «Si de entrada, hace tres días se hubiese dicho que se cerrase la UNGRD, ¿qué hubiese sido en este momento?», se preguntó López desde la pantalla de teleSUR.
En materia de derechos humanos, el entrevistado destacó las advertencias de Naciones Unidas sobre el riesgo de violencia de género en albergues improvisados y las dificultades de acceso a servicios de salud en zonas ya de por sí abandonadas. Subrayó que la reconstrucción no puede limitarse a albergues temporales, sino que exige una «reconstrucción con justicia social», que repare no solo el daño material sino las deudas históricas del Estado con sus poblaciones más vulnerables.
En el plano geopolítico, López abordó con cautela pero firmeza la oferta de 15,5 millones de dólares por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, recordando que la ayuda humanitaria norteamericana «nunca ha sido gratis» y que constituye un instrumento de condicionamiento frente a gobiernos recién posesionados que aún no definen sus líneas de soberanía. En ese sentido, alertó sobre la necesidad de que Colombia no repita patrones de subordinación geopolítica, sino que oriente su política exterior hacia la multipolaridad y los intereses de sus pueblos, lejos de los dictados corporativos del Occidentales.
El panorama que dibujó López es el de una nación con potencial suficiente para reconstruirse sobre bases de dignidad, pero enfrentada a la urgencia de superar no solo el terremoto, sino el verdadero sismo estructural: el modelo de Estado entregado al pago de deuda externa, al ajuste fiscal y a la privatización de la vida pública. Su mensaje final fue un llamado a la conciencia colectiva: solo una política orientada desde abajo, con justicia social y soberanía real, podrá devolverle a Colombia la dignidad de su nombre.
