Xiong’an, 25 de octubre de 2026.
¿Puede una Organización de las Naciones Unidas concebida en 1945 responder con legitimidad a las fracturas, urgencias y transformaciones de 2026? La pregunta atravesó el panel «Advance UN Reform for Greater Efficiency», celebrado el 24 de octubre en el Foro de Gobernanza Global. Las intervenciones coincidieron en que la reforma es inaplazable; también mostraron que eficiencia, representación, financiación y autoridad jurídica están estrechamente ligadas. De su equilibrio depende que la ONU vuelva a ser un espacio efectivo de cooperación entre Estados soberanos y un instrumento útil para la vida cotidiana de los pueblos.
La conversación, moderada por el embajador Zhang Jun, reunió, entre otros, a Guy Ryder, subsecretario general de la ONU; Liu Jieyi, diplomático chino y exrepresentante permanente ante la Organización; Erik Solheim, exdirector ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Chen Xu, diplomático chino; y Nikhil Seth, exsubsecretario general de la ONU. Desde la experiencia de campo intervino también un antiguo coordinador residente de Naciones Unidas en Namibia.
Eficiencia: una reforma con propósito público
Guy Ryder describió tres motores de la iniciativa UN80: la insuficiencia de recursos, la brecha entre los resultados esperados y los obtenidos, y la complejidad de un sistema que —según señaló— reúne más de 140 entidades y alrededor de 40.000 mandatos acumulados. Informó que el presupuesto de la Secretaría habría disminuido más de un 9 % en 2026 y sostuvo que revisar los mandatos debe ayudar a los Estados a entender cómo se crean, ejecutan y evalúan. Reconoció, a la vez, que los cambios estructurales avanzan con dificultad.
La exposición sitúa una cuestión decisiva: reducir costes no equivale, por sí solo, a reformar. Una institución puede gastar menos y, aun así, dejar sin atender necesidades urgentes. La eficiencia debe medirse por la capacidad de cumplir los mandatos acordados, reducir duplicaciones, rendir cuentas y producir mejoras verificables en las condiciones de vida. Como recordó Nikhil Seth, los recursos han de seguir las prioridades colectivamente adoptadas; los recortes sin una orientación estratégica pueden debilitar precisamente las tareas de desarrollo que la reforma dice fortalecer.
La ONU80 abre una oportunidad para revisar mandatos, coordinación, estructuras y presupuestos. Pero el criterio de evaluación debe ser público: qué programas se fortalecen, cuáles se integran, qué recursos llegan a los países y comunidades, y quién participa en esas decisiones. Si los ajustes presupuestarios recaen sobre las operaciones de terreno, la cooperación técnica o los servicios esenciales mientras se preservan inercias administrativas y desigualdades de poder, el lenguaje de la austeridad terminaría vaciando el mandato social de la Organización. La iniciativa UN80 contempla la revisión de mandatos y la mejora de la coordinación y la rendición de cuentas; su desarrollo depende de las decisiones de los Estados miembros. UN80 Initiative
Representación: la legitimidad también es una condición de eficacia
Liu Jieyi pidió que la reforma preserve la autoridad de la Carta, fortalezca el multilateralismo y garantice a los países en desarrollo una participación más amplia en los órganos y procesos de decisión. Chen Xu sostuvo que equidad y eficiencia deben avanzar juntas: la deliberación inclusiva no es un obstáculo que deba eliminarse, sino la base para decisiones aceptadas y sostenibles. A su juicio, una mayor presencia de los países del Sur Global en los órganos, las secretarías y los puestos de dirección permitiría que sus prioridades influyan realmente en el trabajo y la distribución de recursos de la ONU.
Erik Solheim planteó cambios más profundos: una presencia africana efectiva en el Consejo de Seguridad, mayor reconocimiento del peso de India y del continente asiático, y la posibilidad de trasladar operaciones de mantenimiento de la paz a Beijing, la sede de la OMS a Nueva Delhi, el PNUD a Addis Abeba y la OMC a Brasilia o Río de Janeiro. También propuso sustituir los puestos de Francia y el Reino Unido por uno de la Unión Europea. Estas ideas expresan la magnitud del debate, aunque su viabilidad jurídica y política exigiría reformas de la Carta y un acuerdo de los Estados miembros. La Unión Europea, además, no es un Estado miembro de la ONU. El valor de la intervención reside en haber puesto en discusión una arquitectura institucional cuya composición y distribución geográfica siguen reflejando, en aspectos cruciales, el orden surgido de la Segunda Guerra Mundial.
La Carta proclama la igualdad soberana de los Estados, pero el Consejo de Seguridad confiere privilegios permanentes y poder de veto a cinco miembros. Esa tensión no puede resolverse con declaraciones de inclusión. Requiere discutir la composición de los órganos decisorios, la representación regional, la selección del personal, la distribución geográfica de las sedes y la influencia efectiva sobre las prioridades. La historia colonial ayuda a explicar por qué tantos pueblos del Sur Global entraron tarde o bajo coerción en el sistema internacional, y por qué sus experiencias y conocimientos todavía suelen ocupar un lugar subordinado en la producción de normas y diagnósticos. United Nations
Descolonizar la gobernanza multilateral supone transformar esa desigualdad sin renunciar a la universalidad de los derechos humanos. Significa que quienes han padecido colonialismo, ocupación, dependencia económica y extracción de recursos participen como coautores de las reglas, no solo como destinatarios de políticas diseñadas en otros centros de poder. La representación debe traducirse en capacidad para fijar agendas, orientar presupuestos, proponer soluciones y exigir responsabilidades.
Desarrollo, derechos humanos y arquitectura financiera
Nikhil Seth advirtió que el desarrollo no puede relegarse a una casilla entre muchas: sus dimensiones económica, social, ambiental y política están interrelacionadas. Propuso orientar el gasto hacia las prioridades aprobadas por los Estados, reforzar la capacidad nacional, invertir en instituciones, datos, tecnología y competencias, y hacer que la cooperación responda también a las prioridades de los países receptores. Recordó que el desarrollo ocurre en los países y comunidades, no en las salas de conferencias.
Esta perspectiva enlaza la reforma institucional con obligaciones y compromisos internacionales. La Carta encomienda a la ONU promover la cooperación para resolver problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a adoptar medidas para hacer efectivos derechos como la salud, la educación y un nivel de vida adecuado; y la Declaración de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo reconoce a las personas y los pueblos como participantes y beneficiarios del desarrollo. La Agenda 2030, por su parte, requiere medios de implementación y cooperación internacional. Los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo, la paz y la libre determinación se refuerzan mutuamente: ninguno debe servir de pretexto para postergar los demás.
Por eso, el debate sobre la ONU no puede detenerse en sus propios organigramas. El panel vinculó la disponibilidad de recursos con la reforma del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la arquitectura financiera internacional. El Compromiso de Sevilla de 2025 llama a ampliar la voz de los países en desarrollo en esas instituciones. Sin mayor capacidad de decisión, financiación previsible y recursos para cumplir los compromisos de desarrollo, muchas promesas seguirán careciendo de instrumentos. La deuda y la desigualdad en el acceso a tecnología y financiación reducen el margen de soberanía de numerosos Estados y, con ello, su capacidad para garantizar derechos. digitallibrary.un.org
Paz, legalidad y responsabilidad de las grandes potencias
Solheim instó a que el próximo secretario general recupere un papel activo de la ONU en los conflictos armados —mencionó Ucrania, Gaza, Sudán, Myanmar, la República Democrática del Congo y el estrecho de Ormuz— y sugirió el nombramiento de enviados de alto nivel. En el intercambio sobre las grandes potencias y el cumplimiento de la Carta, Seth señaló la desigualdad del sistema y la falta de un mecanismo general de aplicación fuera del marco de medidas coercitivas del capítulo VII; propuso, además, movilizar la opinión pública, la academia y la sociedad civil. Ryder pidió que la elección del próximo secretario general vaya acompañada de un compromiso práctico de los Estados con el multilateralismo y con el fin de las violaciones flagrantes del derecho internacional.
El derecho internacional ofrece principios y procedimientos, aunque su aplicación está atravesada por relaciones de poder. La Carta prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados, exige el arreglo pacífico de controversias y establece la igualdad soberana. También confiere al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial en materia de paz y seguridad, dentro de un sistema cuyo veto puede bloquear la acción colectiva. Reconocer esa limitación no debe naturalizar la impunidad: exige reclamar coherencia a todos los Estados, especialmente a quienes tienen mayor capacidad de influir en las instituciones y en los conflictos. United Nations
Las propuestas de mediación, enviados y cooperación regional pueden contribuir a la paz si se ajustan a la Carta, respetan la soberanía y cuentan con la participación de las partes afectadas. Chen Xu destacó la cooperación entre la ONU y organizaciones regionales como la Unión Africana, ASEAN y la Organización de Cooperación de Shanghái en ámbitos como el mantenimiento de la paz, la salud pública, la gestión de desastres, la inteligencia artificial y el comercio. El capítulo VIII de la Carta reconoce el papel de los acuerdos regionales, siempre dentro de sus propósitos y principios. La cooperación regional puede acercar respuestas a las realidades locales; debe complementar el multilateralismo universal y evitar convertirse en bloques cerrados que reproduzcan rivalidades o nuevas jerarquías.
La experiencia relatada desde Namibia recordó que la legitimidad también se construye en el terreno: mediante asistencia sanitaria, apoyo alimentario, cooperación frente a emergencias y acompañamiento a procesos de independencia. La reforma debe hacer que la presencia internacional responda mejor a las necesidades concretas y fortalezca las capacidades públicas nacionales, respetando la autodeterminación y el liderazgo de cada sociedad.
Una reforma que descolonice los derechos humanos
Para AIDHDES, la cuestión central es quién define las prioridades, quién controla los recursos y quién puede exigir que las normas se apliquen con igualdad. La Asociación impulsa desde hace algunos meses la creación de un foro anual para descolonizar los derechos humanos, no para relativizar la dignidad universal ni eximir a ningún Estado de sus obligaciones, sino para hacer efectiva esa universalidad mediante participación igualitaria, verdad histórica, justicia material y aplicación coherente del derecho internacional.
El panel mostró que esa agenda atraviesa la reforma de las Naciones Unidas. Una Organización más eficiente debe escuchar a las mayorías históricamente subrepresentadas, distribuir recursos según necesidades comprobables, apoyar el desarrollo como derecho y actuar frente a las violaciones sin dobles raseros. La reforma también debe reconocer el papel de los movimientos sociales, la sociedad civil, la academia y las juventudes; como señaló Seth, las aspiraciones de quienes hoy se sienten excluidos son parte de cualquier proyecto serio de gobernanza.
El moderador, Zhang Jun, condensó el intercambio en una secuencia de tareas: acordar principios y prioridades, dar peso real a la voz del Sur Global, asegurar recursos, exigir responsabilidad a las grandes potencias, impulsar medidas concretas desde la Secretaría y fortalecer la cooperación regional. Su cierre apuntó a una verdad sencilla: las grandes declaraciones solo adquieren sentido cuando modifican la vida de las personas.
Reformar la ONU para una mayor eficiencia exige algo más que acelerar procedimientos o reducir presupuestos. Exige democratizar la toma de decisiones, corregir las asimetrías heredadas, sostener financieramente los mandatos colectivos y hacer que la paz, los derechos humanos y el desarrollo se evalúen por sus resultados concretos. La Organización será más eficaz cuando el mundo entero pueda reconocerse en ella y cuando sus promesas se conviertan, sin selectividad, en protección, justicia y dignidad para todos los pueblos.
Referencias jurídicas e institucionales
- Carta de las Naciones Unidas, en particular artículos 1, 2, 24, 27, 52–54 y 108.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, resolución 41/128 de la Asamblea General (1986).
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resolución 70/1 de la Asamblea General (2015).
- Compromiso de Sevilla, documento final de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (2025).
- Iniciativa UN80 y revisión de la implementación de mandatos, Naciones Unidas.
