Ginebra, 1 de noviembre 2026
Durante el Foro Social de las Naciones Unidas de 2026, la Misión Permanente de Cuba en Ginebra convocó un evento paralelo sobre los efectos del bloqueo estadounidense en el derecho a la salud. Las intervenciones reunieron a representantes de organizaciones de solidaridad, cooperación sanitaria y diplomacia, y pusieron el foco en una cuestión que suele quedar escondida tras el lenguaje de las sanciones: ¿qué ocurre con los derechos humanos cuando se restringen los recursos materiales necesarios para sostener hospitales, tratamientos y servicios básicos?
El debate se desarrolló en un momento de renovada tensión internacional. El 28 de octubre, la Asamblea General aprobó por 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones una resolución que vuelve a pedir el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Fue la trigésima cuarta vez que la Asamblea se pronunció en ese sentido, aunque el nivel de apoyo fue menor al de años anteriores. La resolución reafirma principios como la igualdad soberana y la no intervención, y expresa preocupación por las leyes nacionales con efectos extraterritoriales; es una decisión política de la Asamblea, no un fallo judicial vinculante. UN Meetings Coverage and Press Releases
Ese respaldo mayoritario convive con una disputa sobre el sentido de la crisis cubana. Washington atribuye las privaciones, entre otros factores, a decisiones y problemas internos del Gobierno cubano; La Habana y sus aliados señalan que las restricciones estadounidenses agravan las dificultades económicas y afectan el acceso a bienes esenciales. Un análisis de derechos humanos no debe convertir esa disputa en una explicación única: debe examinar tanto las responsabilidades de las autoridades cubanas como los efectos previsibles de las medidas adoptadas por otros Estados, sin permitir que una dimensión borre la otra.
Del sistema financiero a la cama hospitalaria
Melik Özden, del Centro Europa–Tercer Mundo (CETIM), situó el embargo en el marco de la soberanía, la autodeterminación y los derechos económicos, sociales y culturales. Sostuvo que las restricciones comerciales y financieras limitan la capacidad de Cuba para organizar su propio desarrollo y presionan a terceros Estados y empresas para que reduzcan sus vínculos con la isla.
La colombiana Luisa Sánchez González, de Medicuba Suiza, mostró cómo esas barreras pueden alcanzar proyectos concretos de cooperación. Explicó que su organización ha tenido dificultades para adquirir tecnología GeneXpert, utilizada en el seguimiento de pacientes con VIH recordando que durante la pandemia dos empresas suizas rechazaron pedidos de respiradores destinados a Cuba, después de haber sido adquiridas por una compañía estadounidense. También describió transferencias bancarias bloqueadas y cuentas cerradas por bancos suizos por vínculos con proyectos cubanos, pese a que la organización esta debidamente legalizada en el territorio helvético. Según su exposición, esos obstáculos aumentan los costos y retrasan la adquisición de equipos y medicamentos.
La cadena es difícil de ignorar: una operación financiera que no se procesa puede impedir una compra; la compra frustrada puede dejar sin mantenimiento un equipo; y la falta de ese equipo puede restringir la atención disponible para pacientes. Según Sánchez González, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, 34 bancos suizos suspendieron o rechazaron a Medicuba Suiza operaciones relacionadas con Cuba teniendo en cuenta que la organización esta debidamente legalizada en territorio helvético. Presentó además estos obstáculos como un problema que alcanza a las entidades de terceros países: bancos, aseguradoras, proveedores y transportistas pueden retirarse por temor a sanciones o a los costos reputacionales, incluso cuando se trata de cooperación médica.
Este impacto sobre terceros y sobre el suministro de bienes esenciales también preocupa a organismos de las Naciones Unidas. En febrero de 2026, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió levantar las medidas sectoriales unilaterales por sus efectos amplios sobre la población y señaló que el acceso a alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad es fundamental para la vida y para el ejercicio de otros derechos. 13 February 2026
La dimensión energética del derecho a la salud
James Schneider, de la Internacional Progresista, relató la llegada a Cuba del convoy Nuestra América, que, según indicó, trasladó 35 toneladas de medicamentos básicos, equipamiento y materiales para energía solar. Su relato describió las dificultades logísticas y financieras que enfrentaron quienes organizaron la ayuda, así como el papel de redes de solidaridad internacional.
Roberto Cabañas Vázquez, delegado de la Misión Permanente de Cuba ante la UNOG (Naciones Unidas en Ginebra), describió el efecto de los apagones en los servicios sanitarios con una imagen concreta: en una sala de neonatología, afirmó, unos diez segundos podían separar el corte eléctrico de la activación del generador, mientras algunos ventiladores ya no disponían de baterías autónomas. Añadió que más del 95 % del equipamiento de esa sala dependía de una red eléctrica inestable y que una situación similar afectaba, según su exposición, a las 148 instituciones hospitalarias del país.
El representante cubano presentó también cifras sobre las consecuencias sanitarias que atribuyó al cerco energético y a las restricciones: más de 7.000 contenedores, en su mayoría con medicamentos y dispositivos médicos, retenidos en puertos de terceros países; más de 16.000 pacientes de radioterapia y 2.888 personas que dependen de hemodiálisis con su atención afectada; y más de 30.000 niños que, según afirmó, no recibieron sus vacunas a tiempo pese a que estas se encontraban en almacenes.
A esa lista añadió más de 100.000 pacientes en espera de cirugía, entre ellos 12.000 niños, y 32.000 mujeres embarazadas que, dijo, no habían podido completar el seguimiento médico con ecografías. También señaló que cada año se diagnostican entre 300 y 400 casos de cáncer en niños y adolescentes y que la supervivencia de estos pacientes habría descendido del 85 % al 65 %. Schneider, por su parte, afirmó que la mortalidad infantil cubana se había duplicado para finales de 2025 respecto de años anteriores.
Son cifras de gran gravedad, presentadas por los oradores como evidencia del impacto de la crisis. Para sostener respuestas y escrutinio público, conviene que las autoridades y los organismos competentes publiquen datos desglosados y metodologías que permitan evaluarlas independientemente. Esa cautela no reduce la importancia de lo planteado: la energía sostiene equipos de diálisis y diagnóstico, conserva medicamentos y vacunas, y permite el transporte sanitario. El derecho a la salud requiere hospitales y personal preparado, pero también electricidad, agua, suministros y cooperación científica.
Solidaridad internacional, soberanía y responsabilidad
Las intervenciones de Vietnam, Surinam, Rusia, México y Sudáfrica expresaron distintas formas de apoyo a Cuba: desde la defensa de su soberanía hasta la asistencia humanitaria y la cooperación sanitaria. México mencionó el envío de alimentos, medicinas, equipos médicos y material eléctrico, además de la cooperación con profesionales cubanos. Sudáfrica evocó la solidaridad recibida de Cuba durante la lucha contra el apartheid. Estas intervenciones mostraron que la cooperación Sur-Sur no es únicamente un gesto diplomático: puede contribuir a sostener capacidades sanitarias y a ampliar el margen de acción de países sometidos a presiones económicas.
El episodio también expuso una desigualdad estructural del orden internacional. Las decisiones de una potencia con capacidad para proyectar su legislación más allá de sus fronteras pueden modificar las opciones de bancos, empresas y Estados de terceros países. La soberanía formal permanece, pero su ejercicio práctico se estrecha cuando los costos de comerciar, cooperar o prestar asistencia se vuelven prohibitivos. Esto plantea una pregunta central: ¿quién define las reglas de la interdependencia económica y quién soporta sus consecuencias cuando esas reglas reducen el acceso a bienes esenciales?
La descolonización de los derechos humanos, tal como la promueve AIDHDES, no significa relativizar la dignidad humana ni excluir del análisis las obligaciones del Estado cubano. Significa exigir universalidad y coherencia: que se examine el impacto de las medidas coercitivas sobre la población y que también se protejan las libertades y garantías fundamentales dentro de Cuba. La autodeterminación y los derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben defenderse de manera conjunta, sin que la geopolítica determine cuáles merecen atención.
De la condena política a medidas concretas
El evento dejó planteado un desafío que trasciende la expresión de solidaridad: convertir las posiciones diplomáticas en medidas capaces de reducir el daño. Entre las propuestas expuestas estuvieron proteger a las organizaciones humanitarias y de cooperación frente a obstáculos financieros, mejorar la transparencia sobre los efectos de las restricciones y reforzar la cooperación para que medicamentos, tecnología y equipos médicos puedan llegar a la población. La discusión sobre eventuales vías judiciales internacionales también exige precisión: corresponde a los Estados iniciar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia, y cualquier caso dependería de una base jurídica y de la jurisdicción aplicable.
Para AIDHDES, la situación confirma la necesidad de abrir un espacio permanente en el que Estados, organizaciones sociales, ONGs, especialistas y pueblos del Sur Global puedan debatir cómo hacer efectivos los derechos humanos en contextos de sanciones, desigualdad y dependencia tecnológica. AIDHDES propone, hace casi un año ya, crear un Foro anual sobre la Descolonización de los Derechos Humanos, que contribuya a examinar con rigor los impactos de las medidas coercitivas, promover la cooperación internacional y formular recomendaciones concretas, aplicables a todos los Estados y sustentadas en el derecho internacional.
La universalidad de los derechos humanos se pone a prueba cuando su ejercicio depende del acceso a energía, medicamentos y tecnología. Y la credibilidad del multilateralismo, cuando una mayoría expresa una posición durante décadas, depende también de que esa posición encuentre cauces efectivos para proteger a las personas.
