Ginebra, 15 de octubre de 2025
La Asociación Internacional de los Derechos Humanos y del Desarrollo Social (AIDHDES) emitió desde Ginebra un comunicado oficial en el que condena la grave crisis política, social y humanitaria que atraviesa la República del Ecuador, denunciando las políticas del presidente Daniel Noboa, así como sus presuntos vínculos familiares con redes de narcotráfico y la represión violenta contra manifestantes.
El documento, difundido ante la comunidad internacional, destaca que las actuales protestas sociales —que ya superan los veinte días consecutivos— son consecuencia directa de las medidas económicas adoptadas por el gobierno ecuatoriano, entre ellas el incremento del IVA al 15%, la eliminación de subsidios mediante el Decreto Ejecutivo 126, los recortes en salud pública y la precarización laboral.
AIDHDES advierte que dichas políticas vulneran los derechos fundamentales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), especialmente los artículos 6, 11 y 12, relativos al trabajo, la alimentación, la vivienda y la salud, además de contradecir el principio de bienestar colectivo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
El comunicado denuncia además el uso excesivo de la fuerza y la militarización de las ciudades, que han dejado un saldo de más de 120 detenciones arbitrarias, decenas de heridos y al menos dos personas indígenas asesinadas, en violación de los artículos 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.
AIDHDES considera igualmente preocupante el informe publicado por teleSUR el 13 de octubre de 2025, que vincula a la empresa Noboa Trading, propiedad de la familia del presidente, con una red de tráfico de cocaína hacia Europa. Este hecho, de confirmarse, comprometería la integridad institucional del Estado y violaría la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico de drogas.
Ante este panorama, la organización humanitaria insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a:
- Enviar una misión internacional independiente para investigar los actos de represión y las violaciones a los derechos humanos.
- Solicitar la suspensión del Decreto Ejecutivo 126 y una revisión de las políticas fiscales regresivas.
- Garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas de la represión.
- Promover una transición económica justa, basada en la equidad, la soberanía alimentaria y la justicia social.
En su declaración, AIDHDES recordó que el derecho a la protesta pacífica está protegido por el artículo 21 del PIDCP y el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que reprimir a quienes reclaman sus derechos constituye una violación directa de los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano.
Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con el pueblo ecuatoriano y anunció que llevará el caso ante los mecanismos internacionales competentes, incluyendo relatorías especiales de la ONU sobre pueblos indígenas, pobreza extrema y libertad de reunión pacífica.
Para ver el comunicado : https://aidhdes.org/wp-content/uploads/2025/10/251015.-Comunicado-publico-represion-ECUADOR-AIDHDES.docx
