Ginebra, 11 de abril 2026
Hay momentos en los que el lenguaje diplomático ya no logra ocultar la magnitud de lo que está en juego. La conferencia celebrada los días 9 y 10 de abril de 2026 en el Palacio de las Naciones titulada Conferencia sobre acción humanitaria, reparación y responsabilidad en el contexto de las sanciones unilaterales, fue uno de esos momentos. Bajo la apariencia técnica de debates jurídicos y humanitarios, lo que realmente emergió fue una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el orden internacional sigue siendo un sistema de normas y no, cada vez más, un sistema de correlaciones de fuerza?
Convocada bajo el mandato de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Prof. Alena Douhan, la conferencia reunió a Estados, procedimientos especiales de la ONU, expertos, académicos y actores humanitarios para discutir un fenómeno que ha dejado de ser periférico: la expansión de sanciones unilaterales, su aplicación extraterritorial y el efecto paralizante de la “sobreconformidad” financiera, que incluso bloquea operaciones humanitarias legítimas. En ese contexto, no es casual que el eje del encuentro haya girado en torno a tres conceptos clave: acción humanitaria, reparación y responsabilidad, nociones que en la práctica se fracturan bajo el peso de la geopolítica.
Hubo momentos simbólicos en la conferencia como la intervención del Presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, la del viceministro de relaciones exteriores de Venezuela, Alexander Yánez o incluso la de su par ruso Liubinski Dmitri Yevguénievich. Pero quizás uno de los más simbólicos fue la entrega de premios del concurso global “UCMs Uncovered”. Allí, la miembro ad-honorem luso-venezolana de AIDHDES, Andrea Dias Bolivar, fue reconocida con el tercer lugar entre participantes de todo el mundo, tras la evaluación de 50 expertos internacionales. Su video sintetizó una idea central: las medidas coercitivas unilaterales no son únicamente instrumentos de política exterior, sino mecanismos que reconfiguran las condiciones materiales de existencia de sociedades enteras.
Ese mismo hilo conductor atravesó el evento paralelo organizado por la Misión Permanente de Cuba, donde AIDHDES participó como panelista bajo la representación de David Lopez, consultor externo de la organización. Allí, el debate adquirió una densidad distinta, orientándose hacia una lectura estructural del fenómeno.
En primer lugar, intervino la Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, quien fue particularmente elocuente. Describió cómo las sanciones convierten la economía en una geografía de obstáculos: combustibles que no llegan, cadenas de suministro interrumpidas y servicios públicos tensionados. La imagen de un país que celebra la llegada de un buque de combustible refleja una normalidad profundamente alterada. A la vez, destacó la capacidad de resistencia institucional y la apuesta por soluciones soberanas.
Por su parte, el profesor George Katrougalos, Experto independiente para un orden internacional de las Naciones Unidas planteó un diagnóstico contundente: el derecho internacional atraviesa una encrucijada, no por falta de normas, sino por su aplicación selectiva. Según su análisis, el uso sistemático de sanciones y coerción económica revela una crisis de legitimidad del orden internacional y transforma el derecho en un instrumento condicionado por intereses, erosionando silenciosamente el multilateralismo.
En la misma línea, el Dr. Daniel Uribe, representante ecuatoriano del South Center recordó que las sanciones tienen raíces históricas en prácticas de asfixia económica desde el periodo colonial. Hoy, aunque más sofisticadas, mantienen el mismo efecto: la restricción sistemática de la capacidad de un Estado para garantizar derechos fundamentales a su población.
Posteriormente, un representante del sistema de Naciones Unidas en Cuba introdujo un elemento clave en el evento: las sanciones afectan directamente la operatividad de la acción humanitaria. Transferencias bloqueadas, proveedores que se retiran y proyectos inviables convierten la ayuda internacional en una actividad condicionada por estructuras financieras externas.
Para la clotura del evento, la intervención de David Lopez cerró el panel con una tesis central: las medidas coercitivas unilaterales constituyen una forma contemporánea de guerra sin explosivos visibles, pero con efectos materiales y morales devastadores. Jurídicamente, señaló que vulneran principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, como la no intervención y la igualdad soberana. Más allá del derecho positivo, subrayó su función estructural: mecanismos económicos para sostener relaciones de dependencia en un sistema internacional en transformación. Para terminar, concluyo que es sumamente importante que los países puedan apoyar una iniciativa que AIDHDES quiere emprender : la Descolonízación de los DDHH.
Esa transformación atraviesa toda la conferencia. La emergencia de nuevos polos de poder y debates sobre financiamiento internacional indican que el sistema internacional se encuentra en plena reconfiguración. En este contexto, las sanciones operan no solo como herramientas de presión, sino como instrumentos de gestión de esa transición.
Lo ocurrido en Ginebra evidenció una tensión central: la coexistencia de un marco jurídico que proclama cooperación y una práctica internacional basada crecientemente en la coerción. Entre ambos, millones de personas ven sus derechos depender más de decisiones geopolíticas que de normas jurídicas.
Al final, la cuestión es profundamente política: si el derecho internacional seguirá siendo un lenguaje común o si terminará diluyéndose en un orden donde sancionar se ha convertido en una forma de gobernar.
