Ginebra, 2 de noviembre 2026
La asistencia financiera internacional puede cubrir necesidades urgentes, pero no elimina por sí sola las causas de una crisis. En la entrevista emitida el 2 de noviembre en RT France, David López, consultor externo en derechos humanos para AIDHDES , planteó que el déficit de Ucrania debe examinarse junto con el crecimiento de su deuda, la continuidad del conflicto y las obligaciones que pesarán sobre las finanzas públicas.
Su argumento central fue que el respaldo financiero a Kiev no puede evaluarse únicamente por el volumen de los anuncios o los desembolsos. También hay que preguntar qué condiciones acompañan esos recursos, a qué gastos se destinan y qué margen queda para atender necesidades sociales y reconstruir el país.
La deuda y las prioridades públicas
Las cifras requieren, sin embargo, una lectura precisa. En la entrevista se mencionó una deuda cercana a los 223.000 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas de Ucrania informó que la deuda estatal y garantizada por el Estado alcanzó 212.610 millones de dólares al 30 de septiembre de 2026. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, proyectó que la deuda pública podría alcanzar el 111,8 % del PIB en 2026 bajo su escenario de referencia anterior a la reestructuración. Las diferencias entre cifras pueden depender de la fecha, el tipo de cambio y la definición utilizada; conviene no presentarlas como una serie directamente comparable. mof.gov.ua
La cuestión, por tanto, no se limita a cuánto se debe. También importa cómo se distribuyen los riesgos y qué capacidad conserva el Estado para decidir sus prioridades. La asistencia europea aprobada para 2026 y 2027 asciende a 90.000 millones de euros: la Unión Europea señala que contempla apoyo económico y financiación de capacidades de defensa, y que el reembolso está vinculado a futuras reparaciones rusas. Esa arquitectura debe examinarse con transparencia, atendiendo tanto a sus condiciones como a sus efectos sobre la soberanía presupuestaria y las necesidades de la población. Consilium
Seguir el dinero y hacer visibles sus efectos
Durante la conversación, el consultor propuso rastrear los flujos económicos asociados al conflicto y preguntarse quién obtiene beneficios y quién soporta los costos. Su análisis señaló a la industria armamentística, a determinados exportadores de energía y a los acreedores como actores que deben formar parte de cualquier evaluación política de la guerra.
López describió la deuda como un factor que puede reducir el espacio disponible para financiar hospitales, pensiones y reconstrucción. La advertencia conecta con un problema más amplio: en un país en guerra, el aumento del gasto militar y la caída de la actividad económica pueden profundizar las necesidades de financiación, mientras el servicio de la deuda compite con otros usos de los recursos públicos.
Ese examen no sustituye la obligación de proteger a la población ni justifica las acciones de ningún Estado. Permite, en cambio, ampliar el foco: junto con las responsabilidades políticas y jurídicas del conflicto, deben analizarse los efectos de la financiación, el comercio de armas, las sanciones y las decisiones energéticas sobre trabajadores, hogares y servicios públicos.
La dimensión internacional también exige cautela frente a las analogías históricas. López evocó experiencias de América Latina, Grecia y África para advertir que el endeudamiento puede estrechar la autonomía de los Estados. Esas trayectorias no son idénticas a la ucraniana, pero sí recuerdan que las relaciones financieras internacionales se desarrollan en un orden desigual, donde el poder de negociación y la capacidad de definir las condiciones no están repartidos de forma equitativa. Incorporar la experiencia del Sur Global ayuda a comprender esas estructuras sin borrar las particularidades de Ucrania ni la responsabilidad de los actores implicados.
Energía, vida cotidiana y derechos humanos
La entrevista abordó asimismo la vulnerabilidad energética europea. López relacionó las decisiones sobre el suministro de gas con sus efectos sobre los hogares y la industria alemana. Al 2 de noviembre de 2026, la Agencia Federal de Redes alemana situaba las reservas de gas en el 61 %. La institución confirmó que esa cifra estaba por debajo de los niveles de años anteriores, pero describió el suministro como estable y consideró bajo el riesgo de una situación tensa, teniendo en cuenta las importaciones, el gas natural licuado y otros factores. Este contexto permite distinguir entre una preocupación legítima por los precios y la seguridad energética y la afirmación, distinta, de que existe una interrupción inminente del suministro. Verlauf der Speicherfüllstände in Prozent
Desde los derechos humanos, la energía asequible afecta directamente las condiciones de vida, la calefacción de las viviendas y el funcionamiento de servicios esenciales. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado; su texto menciona expresamente la alimentación, el vestido y la vivienda. La relación entre energía y ese derecho debe formularse con precisión: el acceso a servicios energéticos resulta fundamental para condiciones adecuadas de vida, pero el artículo no establece en esos términos un derecho autónomo a la energía. OHCHR
Una respuesta que incluya paz, reconstrucción y justicia
La entrevista dejó planteada una cuestión que trasciende el debate presupuestario: la financiación internacional debe evaluarse por su impacto material en la vida de las personas. Para Ucrania, eso implica atender las necesidades inmediatas, proteger los servicios públicos y planificar una reconstrucción que no reproduzca dependencia ni transfiera sus costos a quienes menos capacidad tienen para asumirlos.
Desde la perspectiva de AIDHDES, descolonizar los derechos humanos significa hacer que su universalidad se refleje en decisiones económicas concretas: que los pueblos participen en la definición de su futuro, que la asistencia no debilite su capacidad de decisión y que los recursos se orienten a la dignidad, el desarrollo y una paz justa. La deuda, la energía y la guerra no son asuntos separados cuando determinan quién puede vivir con seguridad y quién carga con las consecuencias.
