Ginebra, 2 de marzo de 2026
En el marco del 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las organizaciones Maloca Internationale y la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) presentaron un pronunciamiento conjunto durante el diálogo sobre el informe anual del Alto Comisionado relativo a la situación de derechos humanos en Colombia.
El comunicado reconoce los avances institucionales del Estado colombiano en materia de paz y derechos humanos, pero advierte que el país continúa enfrentando desafíos estructurales profundamente arraigados que afectan la estabilidad territorial y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
Entre estos desafíos, las organizaciones destacaron la persistencia de dinámicas de control territorial vinculadas a economías ilícitas y actores armados, particularmente en zonas estratégicas como el piedemonte andino-amazónico del Putumayo y el departamento del Tolima. Según señalaron, la expansión de actividades extractivas —incluidos proyectos impulsados por capital transnacional como los de la empresa canadiense Libero Copper— junto con la minería de aluvión, está generando impactos ambientales y sociales que pueden traducirse en desplazamiento de comunidades, fragmentación del tejido social y debilitamiento de la gobernanza local.
Desde una perspectiva sistémica, el pronunciamiento subraya que la cuestión territorial no puede analizarse de manera aislada de las condiciones políticas que permiten —o restringen— la participación social en la toma de decisiones sobre modelos de desarrollo.
En este sentido, Maloca Internationale y AIDHDES señalaron que la protección de los territorios está intrínsecamente ligada al respeto de los derechos políticos consagrados en el derecho internacional, particularmente en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Las organizaciones manifestaron preocupación ante decisiones institucionales que podrían limitar la participación de determinados liderazgos políticos, señalando que cualquier restricción en este ámbito no solo impacta el pluralismo democrático, sino que también incide indirectamente en la capacidad de las comunidades para defender sus territorios y modelos de vida.
El mensaje central del pronunciamiento fue claro: la gobernanza de los recursos naturales y la apertura democrática forman parte de una misma ecuación estratégica.
En un contexto regional marcado por disputas sobre modelos de desarrollo, Colombia ocupa una posición clave en el equilibrio entre estabilidad social, soberanía territorial y justicia ambiental. Garantizar condiciones reales de competencia política —señalaron— constituye no solo un imperativo democrático, sino también una condición necesaria para la consolidación de la paz sostenible.
El pronunciamiento conjunto presentado en Ginebra reafirma así la importancia de abordar los desafíos colombianos desde un enfoque integral que articule derechos humanos, gobernanza territorial y participación política como pilares inseparables de la estabilidad nacional y regional.
