Ginebra, 23 de abril 2026
En el marco de la 3213ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Cuba fue evaluada en el primer día de su examen periódico, en un diálogo que combinó reconocimiento institucional, cuestionamientos técnicos y una evidente carga geopolítica.
Desde el inicio, la delegación cubana dejó claro el eje estructural de su intervención: el impacto del bloqueo estadounidense no solo como obstáculo económico, sino como factor que incide transversalmente en la realización de derechos humanos, incluyendo aquellos vinculados a la igualdad racial. Esta posición no fue marginal, sino central en la narrativa estatal, que reafirmó su compromiso con la autodeterminación, la soberanía y el orden constitucional frente a lo que calificó como intentos externos de desestabilización .
Avances estructurales: una arquitectura jurídica y política en evolución
En términos sustantivos, Cuba presentó un balance que, desde una lectura técnica, puede calificarse como sólido. El Estado reportó haber implementado total o parcialmente el 92 % de las recomendaciones del CERD formuladas en 2018, en el marco de una profunda reforma normativa que incluye la Constitución de 2019, el nuevo Código Penal, el Código de las Familias y la Ley de Amparo .
El énfasis en la dignidad humana como valor supremo constitucional y la incorporación explícita del principio de igualdad reflejan una evolución coherente con los estándares internacionales. A ello se suma el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (“Color Cubano”), concebido como una política pública integral con participación de la sociedad civil y mecanismos de seguimiento institucional.
El Estado cubano defendió la suficiencia de su marco normativo, argumentando que la Convención es directamente aplicable en el orden interno y que existen garantías judiciales para su invocación. No obstante, reconoció limitaciones en la cultura jurídica y en el uso efectivo de estos mecanismos, lo que abre un espacio de mejora estructural.
Un modelo singular: mestizaje, autoidentificación y debate conceptual
Uno de los elementos más distintivos del examen fue la presentación del modelo cubano de composición étnica. La delegación insistió en la existencia de un “ethnos cubano” mestizo, respaldado incluso por estudios genéticos que muestran una mezcla generalizada de ascendencias africanas, europeas y amerindias .
Sin embargo, esta narrativa fue objeto de cuestionamientos por parte del Comité, especialmente en torno a el uso de categorías como “mulato” o “no blanco”, la falta de desagregación estadística precisa y las dificultades metodológicas del sistema de autoidentificación.
Estas observaciones no son meramente técnicas: reflejan una tensión epistemológica entre modelos occidentales de clasificación racial (históricamente vinculados a estructuras coloniales) y enfoques nacionales que reivindican identidades mestizas y procesos históricos propios.
Retos reconocidos: entre limitaciones materiales y desafíos institucionales
A diferencia de otros contextos, Cuba adoptó una postura relativamente abierta al reconocer desafíos persistentes. Entre ellos destacan:
- la insuficiente sistematización de datos sobre discriminación racial;
- el limitado conocimiento ciudadano de mecanismos de denuncia;
- la necesidad de fortalecer la evaluación de políticas públicas;
- y la persistencia de brechas socioeconómicas con dimensión racial.
Particularmente relevante fue la explicación sobre la ausencia de un censo actualizado, atribuida a limitaciones económicas agravadas por el bloqueo, lo que ha generado discrepancias en las cifras demográficas y dificultades en la formulación de políticas basadas en evidencia .
Geopolítica del escrutinio: derechos humanos y relaciones internacionales
El diálogo evidenció un punto clave: la evaluación de Cuba en materia de derechos humanos no puede analizarse en abstracto, sino en un contexto de asimetrías estructurales del sistema internacional.
El propio Comité reconoció el impacto de las sanciones económicas, aunque subrayó que estas no eximen al Estado de sus obligaciones. Esta posición refleja el debate clásico entre universalismo normativo y condiciones materiales de implementación.
AIDHDES considera que el caso cubano pone en evidencia una contradicción estructural del orden internacional: se exige el cumplimiento pleno de estándares universales en contextos donde las condiciones para hacerlo están deliberadamente restringidas por medidas coercitivas unilaterales.
Balance del primer día: entre legitimidad, presión y resistencia
En términos generales, el desempeño de Cuba en este primer día puede calificarse como técnicamente consistente, políticamente firme y estratégicamente defensivo.
El Estado logró en todo caso presentar avances verificables, sostener una narrativa coherente basada en soberanía y justicia social y evidenciar los efectos estructurales del bloqueo ilegal estadounidense medula de la situación compleja que vive el país.
Al mismo tiempo, el CERD planteó cuestionamientos relevantes que apuntan a áreas donde la institucionalidad cubana aún debe profundizar, especialmente en transparencia, medición y acceso a mecanismos de justicia. Pero una vez más, la visión del CERD parece no tener en cuenta la realidad que vive la isla y su población día a día.
Acompañar sin idealizar, comprender sin simplificar
Más allá de las posiciones políticas, el proceso ante el CERD debe ser entendido como un espacio de diálogo constructivo. En este sentido, el acompañamiento a Cuba no implica negar desafíos, sino reconocer el carácter estructural de muchos de ellos y la necesidad de abordarlos desde una perspectiva que respete la soberanía y las realidades históricas.
Apoyar a Cuba en este proceso significa también cuestionar un orden internacional que, en múltiples ocasiones, reproduce las mismas desigualdades que dice combatir.
