Ginebra (CH), 26 de abril 2026
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social —AIDHDES— expresa su más enérgica condena frente a la serie de ataques armados registrados entre el 24 y el 25 de abril de 2026 en Cali, Palmira, Jamundí, El Tambo, Mercaderes, Popayán, Miranda y Cajibío, hechos que han golpeado de manera directa a la población civil, la infraestructura pública, corredores estratégicos de movilidad y unidades de la Fuerza Pública.
Según reportes públicos, la escalada incluyó ataques con cilindros explosivos, drones cargados con explosivos, hostigamientos armados, bloqueos viales e incineración de infraestructura productiva. El caso más grave ocurrió en Cajibío (Cauca), donde un cilindro bomba impactó contra un vehículo de transporte, dejando decenas de víctimas entre muertos y heridos, lo que evidencia el carácter indiscriminado de la violencia empleada.
AIDHDES considera que estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, en particular al derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad humana, a la movilidad y a la paz. La utilización de métodos como explosivos en vías públicas y drones con carga letal puede configurar infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, especialmente a los principios de distinción, proporcionalidad y prohibición de ataques indiscriminados.
Estos hechos adquieren una gravedad política excepcional al ocurrir en la antesala de las elecciones presidenciales de mayo de 2026. En este contexto, la violencia no puede ser entendida únicamente como criminalidad aislada, sino también como un posible mecanismo de generación de miedo colectivo, desestabilización territorial y condicionamiento del proceso democrático.
Colombia presenta un patrón histórico de violencia en periodos electorales, lo que obliga a analizar estos hechos con rigor estructural. Informes recientes advierten que decenas de municipios se encuentran en riesgo extremo por factores combinados de violencia y fraude electoral, lo cual refuerza la hipótesis de que el terror puede ser instrumentalizado para incidir en la voluntad popular.
AIDHDES observa con preocupación que ciertos sectores pueden intentar capitalizar políticamente la violencia, promoviendo narrativas de miedo, deslegitimación de procesos democráticos y propuestas de regresión institucional. En un Estado social de derecho, la respuesta debe ser firme, pero plenamente compatible con la Constitución y el Derecho Internacional.
La coyuntura electoral es particularmente sensible. Encuestas recientes ubican a Iván Cepeda como favorito en la intención de voto, lo que refuerza la necesidad de garantizar que ningún actor armado, mediático o económico interfiera en la libre expresión de la soberanía popular.
Asimismo, resultan preocupantes las denuncias sobre posibles estrategias de manipulación electoral y desinformación, las cuales deben ser investigadas con independencia, transparencia y rigor institucional, sin tolerancia frente a prácticas que distorsionen el debate democrático.
AIDHDES respalda el derecho y el deber del Estado colombiano de proteger a la población civil, desarticular las estructuras armadas responsables y llevar a los culpables ante la justicia. El recurso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional constituye una vía legítima frente a crímenes de especial gravedad.
Por lo anterior, AIDHDES solicita:
- Al Gobierno colombiano, reforzar de inmediato la protección integral de las comunidades afectadas, priorizando la vida, la atención humanitaria y la presencia institucional. Así mismo, desarticular a los grupos responsables de los ataques que según denuncias han declarado una guerra contra los indígenas y los campesinos del Valle del Cauca. Según informaciones que nos llegan, los victimarios serían la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.
- A la Fiscalía General de la Nación, investigar tanto la autoría material como intelectual, incluyendo redes de financiación, beneficiarios indirectos y posibles articulaciones criminales.
- A las autoridades electorales, garantizar que la violencia no sea utilizada para intimidar votantes ni alterar la voluntad popular.
- A los medios de comunicación, ejercer una responsabilidad democrática, evitando la instrumentalización del miedo y la desinformación.
- A la comunidad internacional, acompañar a Colombia desde el respeto a su soberanía, sin imponer agendas externas contrarias al Derecho Internacional.
- A los organismos de derechos humanos, mantener un monitoreo integral que incluya violencia, garantías electorales y protección de comunidades vulnerables.
AIDHDES reafirma que la paz no puede ser derrotada por el terror, ni la democracia subordinada a intereses que instrumentalizan la violencia. Colombia necesita verdad, justicia, garantías electorales y una transformación estructural que aborde las causas profundas del conflicto.
La violencia contra el pueblo colombiano debe cesar. La vida, la paz y la soberanía democrática deben prevalecer.
