Ginebra, 27 de agosto 2026
Nuestro consultor externo en derechos humanos participó en directo desde Ginebra en una entrevista de RT en francés dedicada a la denominada “guerra económica” anunciada por la Administración de Donald Trump contra la República Islámica de Irán.
Durante la conversación, el consultor sostuvo que la nueva ofensiva reúne dos dimensiones inseparables: una operación política y propagandística, condicionada por las elecciones legislativas estadounidenses y una estrategia material de asfixia económica destinada a obtener por vías financieras lo que Washington no ha conseguido imponer militarmente. El paso de las bombas a las sanciones no representa, por tanto, una desescalada real: modifica el instrumento de coerción, pero mantiene como principal superficie de impacto la vida cotidiana de la población.
Su análisis recordó que las llamadas medidas coercitivas unilaterales no son mecanismos abstractos. Cuando bloquean pagos, transporte, seguros, repuestos, tecnología, medicamentos o materias primas, sus efectos se trasladan al precio de los alimentos, al funcionamiento de hospitales, al empleo, a los salarios y a la capacidad del Estado para garantizar derechos económicos y sociales. Las exenciones humanitarias tampoco bastan cuando bancos, navieras y compañías farmacéuticas optan por la sobrerreacción para evitar sanciones estadounidenses. Comunicaciones del mandato de las Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales ya habían documentado cómo esa práctica dificultaba el suministro de medicamentos vitales para personas con talasemia en Irán, afectando los derechos a la salud y a la vida.
El consultor señaló asimismo que Irán no puede ser tratado como un territorio sin historia, capacidad estatal ni profundidad regional. Se trata de una civilización milenaria y de una potencia regional con recursos, redes comerciales y vínculos políticos que hacen improbable una capitulación inmediata. La cooperación con China y otros actores no occidentales puede ofrecer vías parciales de resistencia frente al cerco; no elimina el sufrimiento, pero limita la pretensión de Washington de administrar por sí solo el acceso de un país soberano a la economía mundial.
Una amenaza explícita de aislamiento y castigo a terceros Estados
El 19 de agosto de 2026, el presidente de los EEUU, Donald Trump, señalo en sus redes sociales que iniciaría la operación económica “más aplastante” emprendida contra un país, prometiendo una escala “sin precedentes” de guerra económica y aislamiento. A la vez amenazó con “tremendas consecuencias económicas” a cualquier Estado que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades públicas mantener una vía de apoyo a Irán. El mensaje exige frenar las ventas de petróleo, las líneas de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las sociedades intermediarias; además, presenta la ofensiva como un “Día D económico”.
El 24 de agosto, por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la Operation Economic Outcast, una campaña de alcance gubernamental orientada, en sus propios términos, a cortar las conexiones financieras de Irán en todo el mundo. La primera ronda incluyó más de sesenta personas, entidades y buques, así como redes relacionadas con petróleo, transporte marítimo, tecnología, aviación, oro y activos digitales. La Casa Blanca presentó abiertamente el objetivo de dejar a Teherán “solo, en bancarrota y quebrado”.
Ese vocabulario importa pues, cuando una política proclama que pretende quebrar económicamente a un país entero y castigar a terceros por mantener relaciones con él, la frontera entre sancionar a responsables concretos y someter colectivamente a una sociedad se vuelve insostenible. Las mayorías de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han advertido repetidamente sobre los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos. Justamente, en diciembre de 2025, la Asamblea General aprobó la Resolución A/RES/80/209 por 122 votos contra 56; en marzo de 2026, el Consejo aprobó la Resolución A/HRC/RES/61/6 por 28 votos contra 17 y una abstención. Estas votaciones no constituyen unanimidad ni convierten automáticamente toda sanción unilateral en ilícita, pero desmienten que su legitimidad o su impacto humanitario sean asuntos pacíficos.
El problema central es concreto: una presión diseñada para paralizar la economía de un Estado termina restringiendo los derechos inalienables a la alimentación, la salud, el trabajo, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el desarrollo. Esos efectos no desaparecen porque el discurso oficial afirme que el objetivo es únicamente el Gobierno iraní.
Minab y Lamerd: cuando la “precisión” militar alcanza escuelas y espacios civiles
La dimensión humana de esta guerra quedó condensada el 28 de febrero de 2026 en Minab, provincia de Hormozgán. La escuela primaria Shajareh Tayyebeh fue alcanzada durante la ofensiva estadounidense-israelí. Tras analizar imágenes, fotografías, restos de armamento e información satelital, hasta la ONG estadounidense Amnistía Internacional concluyó que Estados Unidos fue responsable del ataque y que no adoptó todas las precauciones factibles para evitar daños a civiles. Su investigación documentó 156 personas muertas, entre ellas 120 niñas y niños. Cuatro meses después, la organización seguía denunciando la ausencia de un informe público completo y de rendición de cuentas.
El caso no puede reducirse a la palabra “error”. La escuela estaba separada desde años atrás del recinto militar próximo, era identificable públicamente como establecimiento educativo y se encontraba llena de estudiantes. El derecho internacional humanitario exige verificar los objetivos, distinguir en todo momento entre bienes civiles y objetivos militares y adoptar todas las precauciones posibles. Una inteligencia desactualizada o una lista de objetivos defectuosa no elimina esas obligaciones.
Ese mismo día, en Lamerd, provincia de Fars, ataques alcanzaron un polideportivo utilizado por jóvenes deportistas, una escuela cercana y zonas residenciales. Airwars registró entre 21 y 23 civiles muertos y entre 100 y 170 heridos, incluidos niños. La atribución debe exponerse con precisión: el Comando Central de Estados Unidos negó haber atacado Lamerd y afirmó que el proyectil observado era iraní. Sin embargo, investigaciones visuales de BBC Verify y The New York Times, apoyadas en videos, imágenes satelitales y especialistas en armamento, identificaron características compatibles con un misil estadounidense Precision Strike Missile (PrSM). A la vez, un funcionario estadounidense citado de manera anónima por The New York Times confirmó el tipo de arma utilizado. La contradicción exige una investigación independiente, transparente y con acceso a toda la información operacional, no una absolución administrativa dictada por la misma estructura militar cuestionada.
Minab y Lamerd muestran el límite moral y jurídico de la retórica sobre las armas “inteligentes”. La precisión técnica de una munición no corrige una selección ilícita o negligente del objetivo. Tampoco devuelve a sus familias a las niñas que estaban en clase o entrenando voleibol.
Infraestructuras atacadas, derechos encadenados
La agresión contra la infraestructura iraní ha producido daños que se prolongan mucho después de cada explosión. La actualización humanitaria de las Naciones Unidas del 17 de marzo documentó afectaciones a escuelas, hospitales, viviendas, instalaciones comerciales y patrimonio cultural; incendios en refinerías de Teherán; daños a una planta desalinizadora que dejó sin agua a más de 25 aldeas de la isla de Qeshm; interrupciones eléctricas en varias ciudades y afectaciones en al menos 56 sitios culturales. Una actualización posterior confirmó ataques contra redes de electricidad, agua y telecomunicaciones, además de riesgos ambientales y sanitarios de largo plazo.
La información más reciente difundida por el sistema de las Naciones Unidas en Irán estima daños en 229 centros de salud, 49 hospitales, 78 instalaciones farmacéuticas, laboratorios o almacenes, 56 bases de emergencia y 47 ambulancias desde el inicio de los bombardeos del 28 de febrero. La interrupción de instalaciones farmacéuticas y diagnósticas ha golpeado las cadenas internas de suministro precisamente cuando aumentan las necesidades de trauma, rehabilitación, salud mental y atención de enfermedades crónicas.
Los ataques israelíes del 7 de marzo contra depósitos de petróleo cercanos a Teherán generaron columnas de humo y riesgos previsibles para la salud y el medioambiente. Otra ONG estadounidense, Human Rights Watch, consideró que golpear infraestructura predominantemente civil con daños previsibles para la población puede constituir una violación grave de las leyes de la guerra. La misma organización advirtió que el ataque del 18 de marzo contra el campo gasífero South Pars, esencial para el consumo doméstico iraní, fue ilícitamente indiscriminado y podría constituir un crimen de guerra.
Cada puente destruido retrasa una ambulancia; cada apagón compromete unidades de cuidados intensivos y sistemas de refrigeración de medicamentos; cada planta de agua dañada multiplica enfermedades; cada depósito incendiado expone barrios enteros a sustancias tóxicas. La infraestructura civil no es un escenario secundario de la guerra: es la arquitectura material de los derechos humanos.
Las bases occidentales y la regionalización del peligro
La ofensiva contra Irán no puede comprenderse sin la extensa red de instalaciones militares occidentales que rodea al país. Estados Unidos mantiene la sede de su Quinta Flota en Baréin; la base aérea de Al Udeid y el puesto avanzado del Comando Central en Catar; Camp Arifjan, Ali Al Salem y Camp Buehring en Kuwait; Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos; Prince Sultan en Arabia Saudita; Muwaffaq al Salti en Jordania; y posiciones en Irak, entre otras instalaciones. El Reino Unido conserva infraestructura militar en Chipre y Baréin y despliegues en Catar, Omán y los Emiratos. Francia reconoce oficialmente tres bases en los Emiratos —naval, aérea y terrestre— concebidas para permitir operaciones en la región.
Se sospecha que cada una de esas instalaciones ha sido utilizada para atacar territorio iraní, mas varios gobiernos anfitriones lo niegan. Sin embargo, el Gobierno británico confirmó que autorizó a Estados Unidos a utilizar Diego García y RAF Fairford para acciones que califica de defensivas, incluidas operaciones destinadas a destruir en territorio iraní misiles y lanzadores “en su origen”. Esta fórmula revela hasta qué punto la distinción entre apoyo defensivo y participación ofensiva puede diluirse en una guerra transnacional.
La presencia de bases extranjeras tiene además un efecto geoestratégico que recae sobre civiles de toda la región: convierte territorios de terceros Estados en nodos logísticos, de inteligencia o combate y, por ello, en posibles blancos de represalia. Los ataques iraníes posteriores contra instalaciones estadounidenses en Baréin, Catar, Kuwait y Jordania —también sujetos a las reglas de distinción, proporcionalidad y precaución— demostraron que una arquitectura creada para proyectar poder no produce seguridad colectiva; más bien distribuye la inseguridad entre las poblaciones anfitrionas.
Es importante recordar que el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Toda invocación de la legítima defensa conforme al artículo 51 debe demostrar los requisitos jurídicos correspondientes, incluida la necesidad y la proporcionalidad. El cambio de régimen, el control de recursos, la superioridad regional o la fabricación de una capitulación económica no constituyen por sí mismos títulos jurídicos para la guerra.
La economía de guerra y sus beneficiarios
En RT en francés, nuestro consultor llamó preocupantemente la atención sobre quienes sí obtienen beneficios de esta espiral: las corporaciones armamentísticas y los grandes conglomerados tecnológicos vinculados con inteligencia artificial, vigilancia, datos y sistemas militares. Mientras las familias iraníes enfrentan destrucción, inflación, escasez y las familias estadounidenses financian con sus impuestos una guerra prolongada y ven partir a sus allegados a bases lejanas, el complejo militar-tecnológico transforma la inseguridad en contratos y acumulación privada.
Esa contradicción explica una parte esencial del conflicto. No se trata únicamente de Irán ni del programa nuclear. También está en juego un modelo internacional que convierte la capacidad financiera de una potencia, su moneda, sus sistemas de pago y su red de bases en instrumentos para disciplinar a Estados soberanos. Cuando esa coerción encuentra resistencia, el costo se socializa: lo pagan los trabajadores, la infancia, las personas enfermas, las comunidades empobrecidas y los países que sufren el encarecimiento de la energía, los fertilizantes, los alimentos y el transporte.
AIDHDES: proteger a la población y devolver la política a la diplomacia
AIDHDES reafirma que la protección de la población civil debe prevalecer frente a todo cálculo de poder, sin selectividad y con independencia del actor responsable. La universalidad de los derechos humanos pierde sentido si se utiliza para sancionar al adversario y se suspende cuando las violaciones provienen de una potencia occidental o de sus aliados.
Por ello, AIDHDES considera urgente:
- detener los ataques contra escuelas, hospitales, sistemas de agua, redes eléctricas, instalaciones energéticas de uso civil y demás bienes indispensables para la supervivencia;
- establecer investigaciones internacionales, independientes y transparentes sobre Minab, Lamerd y los demás incidentes con víctimas civiles, con preservación de pruebas, participación de las familias y reparación integral;
- publicar sin demora las investigaciones militares estadounidenses y garantizar que no sustituyan los mecanismos judiciales de rendición de cuentas;
- excluir efectivamente alimentos, medicamentos, equipos médicos, energía civil y servicios humanitarios de cualquier régimen de sanciones, evitando la sobrerreacción bancaria y empresarial;
- suspender las medidas coercitivas extraterritoriales que trasladan a terceros Estados el bloqueo económico contra Irán;
- revisar de manera pública el uso de bases militares extranjeras, los acuerdos de acceso y las autorizaciones de sobrevuelo, bajo control parlamentario, obligaciones de derechos humanos y pleno respeto de la soberanía de los Estados anfitriones;
- restablecer una negociación multilateral verificable sobre seguridad regional y cuestiones nucleares, sin amenazas de cambio de régimen y con garantías recíprocas de no agresión.
La conclusión expresada por nuestro consultor en RT en francés es tan sencilla como decisiva: una guerra no se vuelve humana porque cambie los misiles por bancos, listas negras y amenazas financieras. Si el propósito declarado es dejar a un país “quebrado”, el daño contra su población no es un accidente periférico; es una consecuencia previsible del método. La paz exige abandonar tanto el bombardeo de las infraestructuras como el asedio de las condiciones materiales de vida.
