Ginebra, 16 de febrero de 2026
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) emitió hoy un comunicado oficial en el que condena enérgicamente la reciente escalada de medidas coercitivas anunciadas por la administración estadounidense contra la República de Cuba, particularmente aquellas orientadas a restringir el acceso del país a recursos energéticos esenciales mediante presiones y amenazas dirigidas contra terceros Estados.
AIDHDES alerta que esta nueva ofensiva política y económica, impulsada mediante una orden ejecutiva emitida el pasado 29 de enero de 2026, constituye un nuevo capítulo en la política histórica de hostigamiento económico y diplomático contra Cuba, la cual ha sido reiteradamente rechazada por la comunidad internacional en el marco de Naciones Unidas.
La organización enfatiza que esta política no puede ser interpretada únicamente como un conflicto bilateral, sino como una acción de alcance global con implicaciones directas sobre la estabilidad regional, el respeto del derecho internacional y la vigencia de los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Una política de coerción con impacto humano directo
En su comunicado, AIDHDES denuncia que las nuevas medidas buscan intensificar el estrangulamiento económico de Cuba mediante la restricción de importaciones energéticas, lo que impacta de forma inmediata en sectores esenciales como el transporte público, la producción alimentaria, la generación eléctrica, el acceso a servicios sanitarios y la cadena de suministro de medicamentos.
La organización sostiene que este tipo de políticas no golpean únicamente estructuras gubernamentales, sino que afectan directamente a la población civil, particularmente a niños y niñas, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades en situación de vulnerabilidad.
AIDHDES subraya que privar deliberadamente a un Estado de insumos indispensables para garantizar servicios básicos configura una forma de presión estructural que, en la práctica, vulnera derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Violaciones al derecho internacional y extraterritorialidad
AIDHDES recuerda que las medidas unilaterales coercitivas, especialmente cuando son impuestas con efectos extraterritoriales, constituyen una práctica incompatible con los principios del sistema internacional contemporáneo.
En este sentido, la organización advierte que este tipo de políticas representan una amenaza grave contra el multilateralismo, al pretender sustituir los mecanismos colectivos de cooperación internacional por instrumentos de castigo económico dirigidos a imponer objetivos geopolíticos específicos.
El comunicado enfatiza que la legalidad internacional no puede subordinarse a decretos internos de una potencia, y que el uso de sanciones como herramienta de coerción masiva constituye una práctica contraria al espíritu del derecho internacional contemporáneo.
Solidaridad internacional y defensa de la autodeterminación
AIDHDES reafirma su solidaridad con el pueblo cubano y respalda el pronunciamiento de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, que denunció el carácter inhumano y criminal de las medidas recientes, alertando sobre su potencial impacto en la vida y dignidad del pueblo cubano.
La organización reiteró que Cuba tiene el derecho soberano e inalienable de definir su sistema político, económico y social sin presiones externas, y llamó a los gobiernos del mundo, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil global a no guardar silencio ante una política que constituye una agresión sistemática contra un Estado miembro de Naciones Unidas.
Llamado urgente a la comunidad internacional
AIDHDES hizo un llamado formal a la comunidad internacional a condenar esta escalada, exigir el respeto a la soberanía de Cuba y defender el derecho de su población a vivir en condiciones dignas, sin asedio económico ni amenazas de carácter extraterritorial.
La organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la paz y la construcción de un orden internacional basado en el respeto a la legalidad internacional y la cooperación solidaria entre los pueblos.
