Ginebra / Bogotá, 2 de abril de 2026
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por la situación de seguridad en territorios colectivos del municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca (COL), tras denuncias formuladas por organizaciones sociales y autoridades étnicas del Pacífico colombiano.
El pronunciamiento recuerda que el Estado colombiano está obligado, en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 169 de la OIT, a garantizar la protección efectiva de la población civil, así como el respeto de los territorios étnicos.
AIDHDES subraya que las informaciones relativas a la presencia de unidades militares en proximidad a zonas habitadas requieren especial atención institucional, insistiendo en la necesidad de que toda actuación en materia de seguridad se rija estrictamente por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
En su análisis, la organización destaca que Colombia atraviesa un momento particularmente relevante en su dinámica democrática, caracterizado por el desarrollo de procesos geopolíticos regionales y políticos internos significativos. En este contexto, advierte sobre la importancia de que situaciones complejas en territorios históricamente vulnerables sean abordadas con rigor, transparencia y apego al derecho internacional, evitando interpretaciones que puedan generar percepciones de inestabilidad o afectar la confianza en las instituciones.
Lejos de adoptar una postura confrontativa, el comunicado enfatiza un enfoque constructivo hacia el Gobierno Nacional, reconociendo los esfuerzos en materia de paz y derechos humanos, al tiempo que propone medidas concretas orientadas a fortalecer la protección de la población civil, el diálogo con autoridades étnicas y la verificación institucional de los hechos denunciados.
Asesinatos en el terreno refuerzan la urgencia de protección a la población civil
De manera complementaria, AIDHDES ha tomado conocimiento de denuncias provenientes del municipio de Guapi (Cauca), en las que se reportan hechos de extrema gravedad, incluyendo el homicidio de un integrante de un consejo comunitario, la presunta desaparición forzada de dos personas y situaciones de confinamiento atribuidas a la acción de un grupo armado no estatal.
Estos hechos evidencian la complejidad del contexto humanitario en la región y la persistencia de dinámicas de violencia que afectan de manera directa a las comunidades étnicas. En este sentido, AIDHDES reitera que la protección de la población civil constituye una obligación inderogable del Estado, incluso frente a la actuación de actores armados irregulares, conforme a los estándares del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, la coexistencia de múltiples factores de riesgo, incluyendo la presencia de actores armados no estatales y operaciones de seguridad en territorios sensibles, subraya la necesidad de un enfoque integral, coordinado y preventivo por parte de las autoridades, orientado a evitar la profundización de la crisis humanitaria. Estos desarrollos recientes confirman la urgencia de consolidar respuestas institucionales integrales que permitan proteger a las comunidades y preservar la estabilidad democrática en el país.
AIDHDES destaca que una respuesta oportuna y basada en estándares internacionales no solo contribuye a la protección de las comunidades, sino que también fortalece la legitimidad del Estado y la consolidación de una democracia sólida y participativa que garantice los derechos individuales y colectivos de las personas protegidos por el derecho nacional e internacional.
Finalmente, la organización reitera su disposición a acompañar estos procesos desde un enfoque técnico, reafirmando su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la soberanía de los pueblos y la estabilidad institucional en Colombia.
