5 de enero de 2026
La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES) informó hoy la radicación formal de una denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, en relación con graves y continuadas violaciones del derecho internacional derivadas de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela .
La presentación, depositada en Ginebra, solicita la activación de mandatos clave —incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y Relatorías Especiales— y reclama medidas urgentes para esclarecer las condiciones de detención y las garantías jurídicas del presidente constitucional venezolano y de una civil protegida, así como la documentación oficial de los hechos ante los órganos competentes de Naciones Unidas .
La denuncia se produce en un contexto diplomático especialmente sensible. El mismo día y a la misma hora de la radicación de la denuncia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York celebró una sesión extraordinaria para debatir la legalidad del uso de la fuerza y las implicaciones para la paz y la seguridad internacionales. En ese foro, diversas delegaciones subrayaron que ninguna consideración política puede sustituir las normas imperativas de la Carta de la ONU, en particular la prohibición del uso de la fuerza y el principio de igualdad soberana de los Estados.
Durante el debate, Venezuela defendió la inviolabilidad de su integridad territorial y el respeto al sistema de seguridad colectiva. Colombia quien debuta como miembro no permanente del Consejo de Seguridad por el periodo 2026 – 2027 y quien a su vez se vio amenazada de ataques militares por Washington después de la invasion militar a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, insistió en la primacía del derecho internacional y en la necesidad de evitar precedentes que normalicen acciones unilaterales fuera del marco multilateral. Rusia y China advirtieron que la selectividad jurídica y la instrumentalización del derecho internacional debilitan la arquitectura multilateral, erosionan la confianza entre Estados y colocan en situación de vulnerabilidad a los países del Sur Global. Estas posiciones convergieron en un mensaje central: la legalidad internacional no es opcional y su incumplimiento genera efectos sistémicos que trascienden cualquier coyuntura regional.
En contraste, Estados Unidos y otros países occidentales sostuvieron enfoques que, a juicio de AIDHDES, eluden los estándares estrictos exigidos por la Carta de la ONU y por el derecho internacional de los derechos humanos. Tales planteamientos fueron cuestionados por su falta de base jurídica y por el riesgo de legitimar prácticas de fuerza al margen de los mecanismos colectivos previstos.
La denuncia presentada por AIDHDES recoge y sistematiza estas preocupaciones desde una óptica jurídica rigurosa: identifica la atribución de responsabilidad internacional, califica los hechos conforme a normas de jus cogens y solicita llamados urgentes, preservación de pruebas y pronunciamientos claros sobre la ilegalidad del uso de la fuerza y de la privación de libertad denunciadas . Asimismo, subraya la dimensión estructural del caso y el peligro que supone para el orden internacional que se sustituyan reglas comunes por relaciones de poder asimétricas.
AIDHDES reiteró que la paz, la autodeterminación y los derechos humanos son indivisibles y que su protección exige coherencia jurídica, responsabilidad internacional y rechazo inequívoco a toda forma de dominación por la fuerza. En ese sentido, la organización llamó a los Estados miembros a reafirmar el multilateralismo y a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, como única vía para preservar la credibilidad del sistema de Naciones Unidas y la estabilidad internacional .
