Ginebra, 20 de julio de 2026.
Dos entrevistas, dos idiomas y una misma advertencia: cuando el cálculo geopolítico sustituye al derecho, las primeras víctimas son las personas civiles y la última suele ser la verdad.
Es la conclusión que fue pronunciada por nuestro consultor externo de derechos humanos en RT en francés y RT en español. Aunque ambas entrevistas abordaron dimensiones diferentes de la guerra en Ucrania, las mismas revelaron una preocupación común: la creciente distancia entre la retórica occidental sobre los derechos humanos y las consecuencias humanas, sociales y políticas de las decisiones adoptadas en nombre del conflicto.
Wildberries: la protección de los civiles no admite nacionalidades de primera y de segunda
La primera entrevista se produjo después del ataque con drones contra el centro logístico de Wildberries en Kotovsk, en la región rusa de Tambov. Las autoridades regionales informaron de la muerte de siete trabajadores del turno nocturno y de numerosas personas heridas. Kiev reconoció haber atacado instalaciones logísticas, alegando que estaban vinculadas al suministro de componentes para la producción de drones y equipos de navegación. La naturaleza exacta del uso de esas instalaciones y las circunstancias del ataque requieren una determinación independiente basada en pruebas.
En su intervención en francés, nuestro consultor externo advirtió que el traslado de la presión militar hacia espacios donde trabajan personas civiles puede convertirse en una estrategia destinada a sembrar miedo, quebrar la vida cotidiana y extender la guerra más allá del frente. También señaló que esa lógica puede producir el efecto contrario al pretendido: reforzar la cohesión de una población que se percibe directamente agredida.
El punto central de su análisis fue jurídico. El artículo 52 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra prohíbe dirigir ataques o represalias contra bienes de carácter civil. Un objeto solo puede ser considerado objetivo militar cuando, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuando su destrucción ofrece, en las circunstancias concretas, una ventaja militar definida. A ello se suman las obligaciones de verificación, precaución y proporcionalidad.
Por consiguiente, la mera afirmación de que una instalación civil tendría una función de “doble uso” no borra automáticamente su protección. Toda parte que planifique un ataque debe verificar el objetivo y tomar todas las medidas factibles para evitar o, al menos, reducir las víctimas civiles. Esta obligación vincula a todos los beligerantes sin excepción.
Nuestro consultor cuestionó, además, la reacción desigual de gobiernos e instituciones occidentales ante las víctimas según su nacionalidad o la identidad del presunto responsable. La defensa de los civiles pierde su carácter universal cuando unas muertes provocan condenas inmediatas y otras son relativizadas, justificadas o reducidas a daños inevitables. Los trabajadores rusos no poseen menos dignidad ni menos derechos por vivir dentro de las fronteras de la Federación de Rusia.
Esta selectividad confirma la pertinencia de una de las líneas de trabajo centrales de AIDHDES: la descolonización de los derechos humanos. No se trata de debilitar el sistema internacional de protección, sino de liberarlo de jerarquías geopolíticas, lecturas interesadas y dobles raseros que terminan distinguiendo entre víctimas visibles e invisibles, Estados autorizados a acusar y Estados condenados de antemano.
Corrupción, poder y guerra: ¿por qué Europa guarda silencio?
La segunda entrevista, transmitida el 20 de julio por RT en español, abordó los cambios impulsados por Volodímir Zelenski en la cúpula política y militar de Ucrania, en medio de controversias por corrupción, disputas internas y protestas. El consultor sostuvo que el respaldo europeo a Kiev ya no parece depender principalmente de criterios de transparencia, rendición de cuentas o gobernabilidad democrática, sino de objetivos estratégicos frente a Rusia.
“Para las élites europeas, el respaldo a Kiev ya no se decide por criterios de transparencia, sino más bien por objetivos geoestratégicos y geopolíticos”, afirmó. Reconocer plenamente la magnitud de la corrupción, añadió, obligaría a los gobiernos europeos a responder por el fracaso de decisiones políticas y económicas, así como por el enorme volumen de recursos públicos destinado a prolongar el conflicto.
Ese silencio no puede separarse de los intereses del complejo militar-industrial. Mientras aumentan los presupuestos de defensa y los contratos de armamento, las necesidades sociales de la población europea compiten con una política de rearme presentada como inevitable. El costo se distribuye de manera profundamente desigual: los beneficios se concentran en sectores corporativos, mientras la factura llega a los contribuyentes europeos y, de forma mucho más dramática, a la población ucraniana.
Para el experto entrevistado, los cambios en el gabinete y en el mando militar tampoco pueden leerse como simples relevos administrativos. En ellos se disputa el control de tres núcleos decisivos: el poder político, el presupuesto militar y el aparato de seguridad nacional. En un contexto de desgaste presidencial, esas decisiones pueden responder tanto a la necesidad de contener rivales internos como al propósito de centralizar recursos y conservar la confianza de los aliados occidentales.
Una guerra sostenida por quienes menos deciden
La dimensión social ocupó un lugar esencial en la entrevista. La movilización forzosa y el agotamiento de la población revelan una fractura de clase: trabajadores, estudiantes y familias populares asumen el sacrificio humano, mientras sectores privilegiados conservan fortunas, influencia y capacidad para eludir las consecuencias de la guerra. La corrupción, en este contexto, no es una irregularidad secundaria; erosiona la confianza pública y convierte cada nuevo llamado al sacrificio en una fuente adicional de indignación.
“Un ejército no puede sostenerse solamente con coerción; también necesita legitimidad, cohesión y una estrategia creíble”, subrayó el consultor. Si a la movilización impuesta se suman divisiones en la cúpula militar, retrocesos sobre el terreno y una estrategia política sin horizonte de paz, el resultado previsible es un aumento de las deserciones, la resistencia social y la crisis de confianza en las instituciones.
La guerra se libra, por tanto, en varios frentes simultáneos. Está el frente militar, pero también el de los presupuestos, el control político y la narración pública. Cuando la población deja de creer en quienes deciden y percibe que los sacrificios no se distribuyen con justicia, la continuidad de la guerra exige dosis crecientes de coerción y propaganda.
Recuperar la universalidad de los derechos humanos
Las dos entrevistas convergen en una conclusión fundamental para AIDHDES: ningún alineamiento geopolítico puede otorgar una licencia para atacar a civiles, ocultar responsabilidades, tolerar la corrupción o imponer a los sectores populares el peso ilimitado de una guerra.
Proteger a la población civil exige aplicar el mismo estándar jurídico a todos los ataques; investigar de manera independiente los hechos controvertidos; exigir transparencia sobre la ayuda militar y su destino; y garantizar que la seguridad no sea utilizada para vaciar los derechos sociales, la participación política o la rendición de cuentas. También exige recuperar la diplomacia y una salida política que atienda las causas profundas del conflicto, respete la seguridad de los Estados y detenga la transferencia incesante de sus costos hacia los pueblos.
Desde Ginebra, la participación de nuestro consultor en RT en francés y RT en español llevó al debate internacional una voz que AIDHDES considera indispensable: la de unos derechos humanos descolonizados, verdaderamente universales, no subordinados a bloques de poder ni a intereses corporativos. Porque la vida de un trabajador no vale menos por ser ruso; la vida de un joven no debe ser moneda de cambio por ser ucraniano; y los derechos de los pueblos europeos no pueden quedar hipotecados por una carrera armamentista sin control democrático.
Cuando la geopolítica pesa más que la vida, defender los derechos humanos significa volver a colocar a los pueblos —y no a las élites, los ejércitos o las corporaciones— en el centro de la historia.
