Ginebra, 25 de marzo 2026
En un contexto regional cada vez más marcado por la militarización de la seguridad, el consultor externo de AIDHDES, David López, fue entrevistado por RT en Español para analizar un hecho que trasciende lo anecdótico y plantea interrogantes de fondo sobre el uso de la fuerza en América Latina.
El caso, revelado a partir de una investigación difundida por el New York Times y retomada por RT, pone en entredicho la narrativa oficial de una operación militar realizada el 6 de marzo de 2026 en la frontera entre Ecuador y Colombia. Lo que fue presentado inicialmente como un bombardeo contra un supuesto campamento narcotraficante habría sido, en realidad, una finca ganadera y lechera sin evidencia verificable de actividad ilícita.
Este giro fáctico no es menor. La operación formaba parte de una estrategia más amplia de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos en el marco de la denominada lucha contra el narcotráfico, una lógica que ha venido consolidándose en la región mediante intervenciones cada vez más intensas y tecnológicamente sofisticadas.
Durante su intervención en RT, David López subrayó que este tipo de situaciones obliga a replantear no solo la veracidad de la inteligencia utilizada, sino también los marcos jurídicos que rigen el uso de la fuerza en contextos no internacionales. En particular, recordó que el derecho internacional contemporáneo establece límites claros: la prohibición del uso de la fuerza consagrada en el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de soberanía estatal y la obligación de distinguir en todo momento entre objetivos militares y población civil.
Desde esta perspectiva, incluso en escenarios de combate contra estructuras criminales, los Estados están obligados a respetar estándares mínimos derivados tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos. La ausencia de pruebas concluyentes sobre la naturaleza del objetivo bombardeado introduce, por tanto, un elemento de posible responsabilidad internacional, especialmente si se confirman afectaciones a civiles o bienes de carácter no militar.
Más allá del plano estrictamente jurídico, el caso revela una dinámica más profunda: la consolidación de un modelo de seguridad hemisférico en el que la noción de “amenaza” tiende a expandirse, permitiendo justificar intervenciones que, en otras circunstancias, serían consideradas inadmisibles. La categoría de “narcoterrorismo”, cada vez más utilizada en discursos oficiales, contribuye a esta elasticidad conceptual, diluyendo las fronteras entre seguridad interna, conflicto armado y acción militar transnacional.
En este sentido, el análisis presentado en RT pone de relieve un punto clave: cuando los mecanismos de verificación independiente son débiles o inexistentes, el riesgo no es únicamente operativo, sino estructural. Se abre la puerta a que errores, excesos o decisiones políticas se materialicen en acciones irreversibles sobre el terreno, con consecuencias humanas, jurídicas y geopolíticas difíciles de revertir.
El incidente se produce, además, en un momento de crecientes tensiones entre Ecuador y Colombia, donde incluso se han registrado acusaciones cruzadas sobre posibles impactos transfronterizos de operaciones militares, lo que evidencia el potencial desestabilizador de este tipo de acciones en zonas limítrofes sensibles.
AIDHDES considera que este caso ilustra la necesidad urgente de reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y de preservar un principio fundamental del orden internacional: que la seguridad no puede construirse al margen del derecho. Cuando ello ocurre, no solo se debilita la legalidad internacional, sino que se erosiona la confianza entre los propios Estados y se amplifican las tensiones regionales.
Ver la noticia completa de RT en español : https://actualidad.rt.com/actualidad/595084-nyt-presunto-campamento-narcotrafico-bombardeado
