Ginebra, 6 de noviembre de 2026.
La universalidad de los derechos humanos se pone a prueba cuando una gran potencia debe someterse al mismo escrutinio que los demás Estados. Y es que el próximo 10 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra tiene previsto examinar a Estados Unidos en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). AIDHDES considera que la revisión debe realizarse, incluso si su delegación no comparece.
Estados Unidos no participó en el examen inicialmente programado para noviembre de 2025 y el Consejo lo reprogramó para esta sesión. Existía el 5 de noviembre, en consultas informales, un proyecto de decisión que proponía aplazarlo nuevamente. A la fecha de este artículo, ese proyecto no ha sido adoptado. En ese sentido y como organización contribuyente a la evaluación periódica universal de los EEUU, AIDHDES pide que la revisión siga adelante sobre la base de la documentación disponible, preservando la oportunidad de respuesta del Gobierno estadounidense.
El debate tiene consecuencias que superan el calendario de una sesión. Si la incomparecencia de un Estado basta para detener su examen, la capacidad de no cooperar podría convertirse en una vía para evitar el escrutinio. La credibilidad del EPU depende de que su principio de universalidad alcance a todos los Estados, también a aquellos con mayor influencia política, financiera y militar.
Un mecanismo común para todos los Estados
El EPU es un proceso intergubernamental establecido para examinar las obligaciones y compromisos de derechos humanos de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. La resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos dispone que, tras agotar los esfuerzos para alentar la cooperación, el Consejo abordará, según corresponda, los casos de no cooperación persistente.
La respuesta institucional debe preservar el examen, registrar con precisión la ausencia y ofrecer a Estados Unidos una oportunidad razonable para presentar información y responder. Los Estados examinadores pueden formular recomendaciones con base en los documentos de Naciones Unidas y de la sociedad civil, y el Consejo puede establecer un calendario claro de seguimiento.
Un informe del Alto Comisionado u otras medidas de supervisión también pueden contribuir a la rendición de cuentas. Su función debe complementar el EPU y fortalecer la protección de los derechos humanos, manteniendo el carácter interestatal y el resultado oficial del mecanismo.
Las preocupaciones presentadas por AIDHDES
Como mencionado, AIDHDES presentó el 7 de abril de 2025, junto con Maloca Internationale, Fundación Bakia e Integración Ciudadana, una contribución conjunta para el cuarto ciclo del EPU estadounidense. El resumen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) la registra como presentación conjunta n.º 52 (JS52), dentro de un expediente que recoge 155 contribuciones de partes interesadas.
El informe aborda cuatro ámbitos que se conectan entre sí: desigualdad racial y discriminación, derechos de los pueblos indígenas, derechos sociales y laborales al igual que efectos de la política exterior estadounidense sobre los derechos humanos.
En materia de desigualdad racial, la contribución examina las brechas que afectan a las comunidades afrodescendientes y latinas en ámbitos como la actuación policial, la justicia penal, la educación, la vivienda y la distribución de la riqueza. AIDHDES subraya que la igualdad jurídica requiere medidas que transformen las condiciones que reproducen esas desigualdades entre generaciones.
Respecto de los pueblos indígenas, el informe destaca el respeto a los tratados, la consulta y el consentimiento ante proyectos que afectan sus territorios, así como la protección del autogobierno y los medios de vida. También recoge las reclamaciones de la Nación Shoshone Occidental sobre sus territorios, tratados históricos y reparación.
En el campo de los derechos sociales y laborales, AIDHDES llama la atención sobre las barreras de acceso a la salud, la vivienda y la protección social, junto con la precarización laboral y las condiciones de trabajo en la economía de plataformas. El análisis relaciona estas problemáticas con la distribución de recursos y con el acceso efectivo a los derechos económicos, sociales y culturales.
El informe también aborda los efectos transfronterizos de la política exterior, incluidas las operaciones militares, las transferencias de armas, las medidas coercitivas unilaterales, Guantánamo y las prácticas migratorias. AIDHDES sostiene que las consecuencias para las poblaciones civiles y el desarrollo en el Sur Global deben formar parte del análisis internacional de derechos humanos, con evaluaciones basadas en evidencia y en el derecho aplicable.
Igualdad soberana y descolonización de los derechos humanos
La situación actual expone una tensión entre la cooperación estatal y la universalidad del sistema. AIDHDES considera que las asimetrías de poder no deben determinar quién queda sujeto al examen internacional. La igualdad soberana adquiere contenido cuando las reglas comunes se aplican de manera coherente y cuando las comunidades afectadas pueden hacer oír sus experiencias y propuestas.
Descolonizar los derechos humanos, proyecto bandera de AIDHDES, significa avanzar hacia una universalidad construida con participación efectiva, verdad histórica y justicia material. Este propósito exige abordar tanto las desigualdades dentro de Estados Unidos como los efectos de sus políticas más allá de sus fronteras. El escrutinio debe ser riguroso, documentado y respetuoso de las garantías procesales.
Las cifras de la contribución de AIDHDES proceden de fuentes y años distintos. Por ello, las delegaciones deben contrastarlas con información actualizada y conservar su contexto temporal. La calidad del examen depende también de que sus recomendaciones respondan a evidencia precisa y puedan medirse en el tiempo.
Recomendaciones para una respuesta efectiva
AIDHDES insta al Consejo de Derechos Humanos a mantener el examen previsto para el 10 de noviembre y a definir un procedimiento que permita utilizar la documentación disponible, registrar la ausencia de la delegación y preservar su derecho a responder. Asimismo, invita a los Estados examinadores a formular recomendaciones concretas, verificables y con plazos, incorporando las cuatro áreas de la presentación conjunta JS52.
A Estados Unidos, AIDHDES le solicita reanudar su cooperación con el Consejo y el EPU, participar en el examen y responder a las recomendaciones sin instrumentalizar el Derecho Internacional ni las instituciones de los organismos internacionales garantes de un orden internacional justo, democrático y equitativo. El seguimiento debe traducirse en avances contra la discriminación racial, respeto de los derechos y tratados de los pueblos indígenas, mayor protección social y laboral, y controles efectivos sobre las decisiones con impacto extraterritorial.
La sociedad civil y las comunidades afectadas también deben poder participar en la revisión y en el seguimiento, aportando información actualizada y contribuyendo a que las recomendaciones se traduzcan en cambios institucionales y reparación.
El 10 de noviembre brinda al Consejo la oportunidad de reafirmar que ningún Estado queda fuera del principio de revisión periódica. AIDHDES llama a preservar el EPU de Estados Unidos y a producir un resultado oficial objetivo, imparcial y por ende despolitizado que atienda las preocupaciones documentadas. La universalidad será más sólida cuando se exprese en procedimientos iguales, recomendaciones sustantivas y mejoras concretas para las personas.
Documentos de referencia: · página del EPU de Estados Unidos en el ACNUDH · presentación conjunta de AIDHDES (JS52) · resumen de aportes de partes interesadas A/HRC/WG.6/50/USA/3 · resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos.
