Ginebra, 16 de diciembre 2025
El diálogo interactivo celebrado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela volvió a poner en evidencia una tensión estructural que atraviesa hoy al sistema multilateral: la contradicción entre la defensa formal de los derechos humanos y su instrumentalización política como herramienta de presión geopolítica.
La intervención inicial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró una narrativa ya conocida y que no corresponde propiamente a la realidad del país. Esta se centra más en una retórica que se alinea desde hace varios años a intereses geopolíticos occidentales que carecen de credibilidad legal y de pruebas existentes. Así pues, el enfoque de este último y de su actualización oral volvió a mostrar una omisión significativa del contexto estructural, particularmente del impacto directo y documentado de las medidas coercitivas unilaterales y sus efectos nocivos, la militarización del Caribe y las acciones extraterritoriales de los Estados Unidos, elementos que afectan de manera directa el goce efectivo de los derechos humanos del pueblo venezolano.
La posición de Venezuela: credibilidad, soberanía y defensa del sistema multilateral
La delegación de la República Bolivariana de Venezuela respondió denunciando que los mecanismos y resoluciones impulsados contra el país responden a la llamada política de “máxima presión” orientada a forzar un cambio de régimen, en abierta contradicción con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los artículos 2.1, 2.4 y 2.7 relativos a la igualdad soberana, la prohibición del uso de la fuerza y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
Venezuela, de la mano del embajador Alexander Yánez, cuestionó con firmeza la credibilidad metodológica y política de la Oficina del Alto Comisionado, señalando la selectividad, el uso de fuentes parcializadas y la sobrerrepresentación artificial de su situación frente a crisis humanitarias de mayor gravedad que no reciben atención comparable. Este señalamiento no constituye un rechazo a los derechos humanos como norma universal, sino una defensa del principio de imparcialidad y objetividad sin el cual el sistema pierde legitimidad y eficacia.
Para ver la intervención oficial de Venezuela : https://webtv.un.org/en/asset/k10/k10gnz7pnq (min 01:58:35)
Estados que defendieron la Carta de la ONU y el derecho internacional
Durante el diálogo, un número significativo de Estados expresó su respaldo a Venezuela desde una perspectiva jurídica y geopolítica articulada con el derecho internacional. Entre ellos destacan China, la Federación de Rusia, Cuba, Irán, Belarús, Eritrea, Corea del Norte, Zimbabue, Sudán, Burkina Faso, Burundi, Egipto y Yemen, así como el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU.
Estas delegaciones coincidieron en denunciar:
- La politización y selectividad del Consejo de Derechos Humanos.
- La proliferación de mandatos por país sin el consentimiento del Estado concernido, en violación de los principios de cooperación internacional.
- El impacto devastador de las medidas coercitivas unilaterales, ampliamente documentado por Relatores Especiales de la ONU.
- La militarización del Caribe y los actos de fuerza extraterritoriales como amenazas directas a la paz regional.
China, en particular, subrayó el derecho al desarrollo como un derecho humano fundamental y denunció la incautación de buques petroleros venezolanos y la imposición de sanciones como violaciones graves del derecho internacional. Rusia, por su parte, recordó que la lucha contra el narcotráfico no puede utilizarse como pretexto para el uso o la amenaza del uso de la fuerza, en abierta contradicción con el artículo 2.4 de la Carta.
La intervención de AIDHDES y Maloca International: Venezuela como prueba estructural del sistema internacional
En su intervención ante el Consejo, David Lopez, en nombre de Maloca International y AIDHDES, planteó una tesis central: Venezuela no es un caso aislado, sino una prueba estructural para el derecho internacional y el sistema multilateral de derechos humanos.
Recordó que América Latina y el Caribe fueron declarados Zona de Paz, asumiendo compromisos jurídicos claros con la solución pacífica de controversias y la prohibición del uso de la fuerza, conforme a los artículos 2.3 y 2.4 de la Carta. No obstante, estos principios se ven erosionados por la militarización del Caribe, la incautación de buques en aguas internacionales, la confiscación de recursos y las operaciones militares extraterritoriales, que vulneran el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, reconocido por la Asamblea General de la ONU.
Defender hoy a Venezuela —se subrayó— no es defender a un gobierno, sino defender la norma que protege a todos los Estados frente a la ley del más fuerte. Si el poder sustituye al derecho, preguntémonos entonces qué queda del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH), del derecho internacional y de las Naciones Unidas.
Para ver en otros idiomas oficiales de la ONU la intervención de Maloca International y AIDHDES : https://webtv.un.org/en/asset/k10/k10gnz7pnq (min 03:05:30)
Crítica a los Estados europeos y sus aliados
Las intervenciones de la Unión Europea y varios de sus Estados miembros (España, Alemania, Países Bajos, Polonia, Chequia, Grecia, entre otros), así como de aliados extraeuropeos como Canadá, Reino Unido, Japón y algunos gobiernos latinoamericanos, reiteraron una narrativa centrada exclusivamente en la responsabilidad del Estado venezolano, omitiendo de manera sistemática el contexto de coerción económica, financiera y militar.
Esta postura resulta jurídicamente problemática por al menos tres razones:
- Ignora la indivisibilidad de los derechos humanos, separando artificialmente derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Normaliza el uso de medidas coercitivas unilaterales, consideradas ilegales por múltiples resoluciones de la Asamblea General.
- Debilita el principio de igualdad soberana, al aplicar estándares distintos según la alineación geopolítica de los Estados.
Esto revela igualmente que los derechos humanos no deben servir de instrumento de neocolanización ni servir a intereses geopolíticos que en nada responden a las necesidades reales del pueblo venezolano ni latinoamericano. Sobretodo, cuando no presentan pruebas de lo que acusan contradiciéndose incluso entre sí en varias ocasiones.
El rol de ciertas ONG internacionales
Las intervenciones de organizaciones como Human Rights Watch, UN Watch y Amnistía Internacional reprodujeron una narrativa de denuncia descontextualizada, centrada exclusivamente en supuestas violaciones estatales internas, con acusaciones montadas que buscan vulnerar a un pais que quieren despojar de sus recursos naturales, sin abordar las causas estructurales externas ni las violaciones cometidas por potencias que imponen sanciones, bloqueos y acciones militares.
Desde una perspectiva de derecho internacional, este enfoque contribuye a la fragmentación del sistema de protección, al convertir los derechos humanos en un instrumento de legitimación de políticas coercitivas, en lugar de una herramienta para la cooperación y la paz.
No obstante hubo intervenciones de otras organizaciones como la del Consejo Mundial de la Paz representada por Natalie Benelli, quien advirtió que la situación de Venezuela debe entenderse como un caso emblemático de erosión del derecho internacional contemporáneo, denunciando que la resolución 57/36 y los mecanismos asociados que responden a un mandato políticamente impuesto, promovido por los mismos Estados que aplican o respaldan más de mil medidas coercitivas unilaterales contra el país. Señaló que estas acciones constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y representan el principal obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, tal como lo han reconocido Relatores Especiales de la ONU sobre el impacto negativo de las sanciones. Asimismo, Benelli alertó sobre la creciente militarización del Caribe, la incautación ilegal de buques venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, calificando estos hechos como actos de piratería moderna que, de no ser abordados por el sistema multilateral, comprometen gravemente su credibilidad y su razón de ser.
Para ver la intervención del Consejo Mundial de la Paz : https://webtv.un.org/en/asset/k10/k10gnz7pnq (03:02:24)
Conclusiones y recomendaciones
El debate sobre Venezuela confirma que el sistema internacional de derechos humanos enfrenta una crisis de legitimidad. Para superarla, AIDHDES al igual que Maloca Internacional consideran imprescindible:
- Reafirmar la centralidad de la Carta de las Naciones Unidas como marco normativo supremo del sistema internacional.
- Poner fin a la politización y selectividad de los mecanismos de derechos humanos.
- Levantar las medidas coercitivas unilaterales, cuyo impacto negativo sobre los derechos humanos está ampliamente documentado.
- Fortalecer la cooperación técnica y el diálogo, en lugar de los mandatos punitivos.
- Garantizar que los derechos humanos no sean utilizados como pretexto para la injerencia, la coerción o el uso de la fuerza.
Defender a Venezuela hoy es defender el derecho internacional, el multilateralismo y la posibilidad misma de un orden internacional basado en normas, cooperación y paz.
