Ginebra, 1 de octubre 2026
Una familia que desconoce dónde está su hijo vive mucho más que una ausencia. Vive la incertidumbre de no saber si come, si recibe atención médica o si sigue con vida. Esa dimensión humana atravesó el encuentro sobre la situación de las personas palestinas detenidas por Israel, organizado en Ginebra por las misiones permanentes de España y del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas.
Celebrado en el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el evento organizado por la Misión Permanente del Reino de España ante la ONU en Ginebra y la Misión Permanente del Estado de Palestina en la ONU en Ginebra igualmente, reunió voces diplomáticas, especialistas y representantes de organizaciones palestinas. AIDHDES tuvo la oportunidad de asistir en el Palacio de las Naciones y, en el marco de su presencia, solicitar y grabar un mensaje del embajador palestino dirigido a la organización.
Las intervenciones coincidieron en una preocupación: la acumulación de informes y denuncias debe traducirse en decisiones capaces de proteger vidas. La credibilidad del sistema internacional también se juega en esa distancia entre lo que se documenta y lo que se hace.
El representante de la Sociedad de Prisioneros Palestinos describió detenciones sin cargos ni juicio, privaciones alimentarias, enfermedades sin tratamiento adecuado y condiciones especialmente graves para mujeres y menores. Los casos que relató devolvieron rostro a una realidad que suele perderse entre estadísticas: adolescentes cuya salud se deteriora bajo custodia, familias privadas de información y personas liberadas en condiciones físicas críticas.
Sahar Francis, presentada como directora general de Addameer, centró su intervención en la impunidad. Sostuvo que las denuncias de tortura se inscriben en prácticas documentadas desde hace décadas y cuestionó la eficacia de los mecanismos internos de investigación. Su llamado vinculó el apoyo a la Corte Penal Internacional con la posibilidad de acudir a tribunales nacionales mediante la jurisdicción universal, conforme a los requisitos aplicables en cada país.
La representante de Al-Haq amplió la mirada hacia las familias y el conjunto de la sociedad palestina. Expuso que la detención arbitraria y la desaparición de seres queridos producen daños que desbordan los centros de reclusión. También argumentó que determinadas prácticas deben examinarse como posibles actos de genocidio dentro de un patrón más amplio. Esta calificación jurídica, sostenida durante el panel, subraya la gravedad de las denuncias y la necesidad de investigaciones y determinaciones por las instancias competentes.
La discusión situó así una cuestión esencial: la seguridad no puede convertirse en una autorización ilimitada para ejercer violencia sobre quienes están bajo custodia. El artículo 2 de la Convención contra la Tortura establece que ninguna circunstancia excepcional, incluida la guerra, puede invocarse para justificarla. El artículo 33 del IV Convenio de Ginebra prohíbe los castigos colectivos. Y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que la privación de libertad de un menor debe utilizarse únicamente como último recurso y durante el período más breve que proceda. docstore.ohchr.org
Estas normas tienen consecuencias concretas: una persona detenida conserva su dignidad; un niño sigue siendo titular de derechos; ninguna población puede ser castigada por actos que no le son individualmente imputables. Su aplicación exige garantías, supervisión y vías efectivas de justicia.
Desde el público, el representante del Centro Palestino de Derechos Humanos reclamó mayor acción ante la falta de acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a los detenidos. Otro participante, presentado como abogado y profesor libanés, denunció la situación de ciudadanos de su país bajo custodia israelí. Ambas intervenciones reforzaron una misma exigencia: conocer el paradero de las personas, garantizar protección y romper el aislamiento que facilita los abusos.
Para AIDHDES, este debate interpela también la estructura política que permite prolongar la impunidad. Cuando la exigencia de responsabilidades depende de las alianzas de un Estado, la universalidad de los derechos humanos pierde contenido. La iniciativa diplomática de España y Palestina abrió un espacio necesario para escuchar estas denuncias; el desafío es dar continuidad a esa escucha mediante medidas verificables.
La dimensión social resulta inseparable de esta responsabilidad. La ausencia de una madre o un padre puede interrumpir ingresos, cuidados y escolaridad. La incertidumbre prolongada erosiona la salud mental y la vida comunitaria. Proteger a los detenidos significa también preservar las condiciones que permiten a una sociedad sostenerse, reconstruirse y decidir su futuro.
En el cierre, el embajador palestino vinculó la protección de los detenidos con la rendición de cuentas, el respeto del derecho internacional humanitario y la autodeterminación de su pueblo. También llamó a defender las instituciones judiciales internacionales frente a los ataques que debilitan su labor.
AIDHDES recoge de este encuentro una convicción y una responsabilidad: acompañar la documentación de las violaciones, amplificar la voz de las víctimas y reclamar acceso humanitario, atención médica, garantías judiciales, liberación de quienes estén arbitrariamente detenidos e investigaciones independientes. La solidaridad adquiere sentido cuando contribuye a que esos derechos se hagan efectivos.
La dignidad humana no termina en la puerta de una prisión. Allí donde una persona queda fuera de la mirada pública, la responsabilidad de protegerla debe hacerse más fuerte.
