Ginebra, 23 de septiembre de 2026.
«¿Qué valor tiene proclamar que todos nacemos iguales si después el poder decide qué pueblos merecen justicia y cuáles deben resignarse al sufrimiento?». Con esta pregunta, David López, consultor externo en derechos humanos de AIDHDES, abrió un encuentro cuyo propósito fue acercar el lenguaje del derecho internacional a la experiencia de quienes sufren su aplicación desigual.
Celebrado en la Universidad Obrera de Ginebra, en el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el evento reunió a más de 200 personas, según el balance de la organización y de sus coopatrocinadores. La Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social lo convocó junto con Integración Ciudadana Suiza, la Asociación Social Cultural Ecuatoriana-Sueca y Maloca Internationale (organización con estatus ECOSOC).
La participación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el experto independiente de las Naciones Unidas George Katrougalos, el jurista portugués Alexander Guerreiro, la profesora china Juan Li, el profesor estadounidense Alfred de Zayas y el embajador iraní Ali Bahreini permitió abordar un problema común desde experiencias distintas: la distancia entre los derechos proclamados y las condiciones políticas, económicas e institucionales necesarias para ejercerlos.
Una universalidad que también obligue a los poderosos
Al evocar a Antonio Nariño, Simón Bolívar y Thomas Sankara, López situó la iniciativa en una historia de emancipación todavía abierta. La independencia pierde sustancia cuando la deuda desplaza el gasto social, la coerción económica dificulta el acceso a medicamentos o los intereses corporativos condicionan decisiones democráticas. Desde esa perspectiva, expresó solidaridad con Palestina, Cuba, Burkina Faso e Irán, y destacó la experiencia de desarrollo de China.
Katrougalos dio a esta preocupación un fundamento central: la descolonización debe fortalecer la universalidad. Rechazó tanto la imposición de un único modelo institucional como el relativismo que permitiría a cada bloque de poder establecer sus propias excepciones. Todos los Estados, sostuvo, deben estar sujetos a obligaciones comunes.
Su intervención relacionó las luchas anticoloniales con los movimientos por los derechos sociales y políticos, y cuestionó la jerarquía que separa las libertades civiles de los derechos económicos, sociales y culturales. También recordó que las sociedades del Norte no constituyen un bloque homogéneo: los intereses de sus mayorías pueden coincidir con los de los pueblos del Sur, mientras ciertas élites del Sur reproducen relaciones de explotación.
Esta precisión importa para el proyecto de AIDHDES. La descolonización exige identificar estructuras de dominación y construir solidaridades entre pueblos, evitando convertir la geografía en una explicación suficiente de la injusticia.
Del derecho utilizado contra los pueblos al derecho que los protege
Rafael Correa trasladó esa discusión al terreno de la democracia latinoamericana. Describió el lawfare como una estrategia en la que actuaciones judiciales, campañas mediáticas y desinformación digital pueden combinarse para excluir dirigentes y bloquear proyectos de transformación social.
El expresidente denunció persecución política en su contra y calificó de inhumanas las condiciones de reclusión de Jorge Glas. Más allá de su experiencia personal, sostuvo que la instrumentalización de la justicia afecta el derecho colectivo a elegir un camino de desarrollo. Propuso reconocer expresamente la verdad como derecho humano en la Declaración Universal y cuestionó la lentitud de los mecanismos internacionales de protección.
Su planteamiento conectó con el de Alexander Guerreiro, quien logró intervenir a distancia después de dificultades de conexión. El jurista explicó que los derechos humanos se construyeron mediante aportaciones de distintas culturas y luchas históricas. Recordó las contribuciones china, india y árabe a la Declaración Universal y el lugar de la libre determinación en la emancipación de los pueblos.
Guerreiro avanzó además propuestas institucionales: un procedimiento especial dedicado al colonialismo y sus legados, un mayor uso del Examen Periódico Universal para abordar esas continuidades, iniciativas de reparación y restitución del patrimonio cultural, y una reforma de la representación internacional que responda a la exclusión histórica de África. La crítica adquirió así un horizonte de trabajo jurídico y diplomático.
Irán, Palestina y Cuba: la protección no puede depender de las alianzas
El embajador de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, centró su intervención en la crisis de confianza provocada por la aplicación selectiva del derecho. Al evocar la incapacidad de la Sociedad de Naciones para proteger a Etiopía frente a la agresión italiana de 1935, advirtió sobre las consecuencias de condenar formalmente la violencia sin proteger efectivamente a sus víctimas.
Bahreini denunció los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y cuestionó que los mecanismos internacionales concentraran su atención en el país agredido sin exigir, a su juicio, responsabilidades equivalentes a los agresores. Subrayó que la protección de hospitales, civiles y del derecho a la vida no puede variar según el alineamiento geopolítico de un Estado.
Extendió esa exigencia a las prioridades presupuestarias del sistema de derechos humanos: qué mandatos se preservan y cuáles pierden capacidad constituye también una decisión política. Su propuesta fue restaurar la universalidad de los mecanismos de protección.
Alfred de Zayas profundizó en las consecuencias humanas de la coerción económica. Cuestionó que la palabra «sanciones» otorgue una apariencia de legitimidad a medidas cuya legalidad impugnó, y reclamó evaluar sus efectos sobre la alimentación, la salud y las condiciones de vida.
Denunció lo que calificó como genocidio en Gaza y reclamó responsabilidades por el respaldo prestado a Israel. También condenó los ataques contra Irán, pidió levantar el bloqueo contra Cuba y propuso acciones de boicot y desinversión frente a quienes, según su análisis, sostienen esas políticas. Sus intervenciones insistieron en una exigencia: las instituciones creadas para proteger derechos también deben rendir cuentas.
Durante el intercambio, una intervención cubana desde la sala reforzó esta discusión: juzgar el desarrollo de un país sin considerar las restricciones externas que enfrenta conduce a una explicación incompleta. La coerción económica afecta la capacidad de una sociedad para financiar sus derechos y decidir su futuro.
El desarrollo devuelve los derechos a la vida cotidiana
La profesora Juan Li, de la Universidad Central del Sur de China, articuló una respuesta desde el derecho al desarrollo. Toda persona debe poder vivir con dignidad, explicó, pero los países tienen historias y condiciones diferentes para alcanzar ese objetivo.
Presentó la experiencia china de reducción de la pobreza, inversión en infraestructura, educación, empleo e industrialización como una contribución al debate internacional, subrayando que no puede copiarse mecánicamente. Defendió evaluar las normas también por sus resultados en la vida de las personas y por su capacidad para favorecer la prosperidad compartida.
Su propuesta enlazó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la Agenda 2030 y los planes nacionales de desarrollo mediante la cooperación. En el diálogo final añadió que la transición ecológica ofrece intereses comunes sobre los cuales reconstruir confianza y reformar la gobernanza mundial.
Correa retomó esa dimensión material: las libertades formales quedan vacías cuando las personas carecen de medios para ejercerlas. Valoró la experiencia china y llamó a fortalecer la organización del Sur Global, sin excluir las alianzas con sectores de Estados Unidos y Europa comprometidos con la justicia.
Una pregunta desde la sala y un camino por construir
Las preguntas del público dieron al debate su dimensión más humana: ¿quién protege a las personas cuando las instituciones no responden? Se discutieron las posibilidades de los BRICS y la cooperación Sur-Sur, las consecuencias de la impunidad y los límites del actual orden internacional.
Las respuestas conservaron sus matices. Bahreini destacó la capacidad de defensa y la resiliencia de su país; de Zayas insistió en fiscalizar a los organismos de protección; Correa reclamó organización política y nuevas relaciones de poder; Juan Li apostó por ampliar la cooperación y los intereses compartidos.
AIDHDES situó su propuesta en ese espacio de trabajo: construir un foro anual sobre descolonización de los derechos humanos desde comunidades obreras y campesinas, movimientos sociales, academia y víctimas, en diálogo con las misiones diplomáticas y los mecanismos internacionales. López invitó a documentar experiencias y elaborar propuestas que puedan sustentar futuras resoluciones y programas de trabajo. Es una iniciativa abierta a construcción colectiva, cuyo recorrido exige continuidad, alianzas y rigor.
La transmisión en directo se interrumpió durante el encuentro. Los ingenieros de la Asociación Media Film, encargados del streaming, lograron grabarlo y, según informó AIDHDES , publicarlo posteriormente en su canal de YouTube. Ese trabajo permite que la conversación continúe más allá de la sala.
La tarea que deja Ginebra es concreta: convertir la experiencia de los pueblos en propuestas capaces de transformar las instituciones. Para AIDHDES, la universalidad se hace creíble cuando quienes han soportado la desigualdad pueden participar en la construcción de las respuestas.
Denuncia de la restricción de YouTube en TeleSUR : https://www.dailymotion.com/video/xbc4ppe
Pronto las fotos del evento
