Caracas, 30 de marzo 2026
En una reciente emisión del programa El Mapa, transmitido por TeleSUR, se abordó de manera profunda el racismo estructural a partir de un hecho histórico: la aprobación en la Organización de las Naciones Unidas de una resolución que reconoce la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen más grave contra la humanidad.
Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, fue presentada como un paso político e histórico clave que abre la puerta a discusiones sobre reparación, memoria histórica y justicia global.
Una deuda histórica: dimensiones de la esclavitud y su legado
El programa contextualizó el fenómeno de la esclavitud con cifras contundentes: durante más de 400 años, alrededor de 15 millones de africanos fueron víctimas del tráfico transatlántico, de los cuales unos 12,5 millones fueron deportados forzosamente hacia América, principalmente al Caribe y Brasil, para sostener economías coloniales basadas en el trabajo forzado.
Este sistema no solo constituyó una práctica de explotación, sino una estructura racializada que sentó las bases del capitalismo global. Como se destacó en el programa, la esclavitud fue un componente central de la “acumulación originaria de capital”, elemento clave para entender las desigualdades contemporáneas.
El análisis también vinculó este pasado con el presente, señalando que 49,6 millones de personas aún viven en condiciones de esclavitud moderna, incluyendo trabajo forzado y matrimonios forzados, con mayor incidencia en Asia-Pacífico, África y América.
Un mundo dividido: tensiones geopolíticas en torno a la resolución
Uno de los ejes centrales del debate fue la fractura internacional evidenciada en la votación de la resolución. Mientras 123 países votaron a favor, Estados como Estados Unidos, Israel y Argentina se opusieron, y varios países europeos optaron por la abstención.
Los analistas invitados, David Lopez (Colombia) y Fernando Esteche (Argentina) señalaron que esta división refleja una negativa de ciertas potencias occidentales a asumir responsabilidades históricas vinculadas al sistema esclavista y sus beneficios estructurales.
En el programa se interpretó esta postura como una expresión de tensiones entre el Sur Global, que impulsa una agenda de memoria y reparación y un bloque occidental que evita compromisos políticos o económicos derivados de ese reconocimiento histórico.
Reparaciones más allá de lo económico
Durante la intervención de López, se subrayó que la reparación no puede limitarse a compensaciones monetarias.
Según lo expuesto, una reparación integral debería incluir:
- restitución del patrimonio cultural saqueado,
- reformas en la arquitectura financiera internacional,
- acceso equitativo al desarrollo,
- políticas de memoria histórica,
- reconocimiento del daño intergeneracional.
Asimismo, se mencionó que mecanismos internacionales como el Foro Permanente de Afrodescendientes están impulsando este debate desde las Naciones Unidas, incorporando dimensiones estructurales de la desigualdad, pero donde preocupa también una politización del mismo para que desde Occidente y el globalismo se quiera destruir el Plan de Acción y Declaración de Durban.
Derecho internacional, colonialismo y disputa por el relato
Desde el enfoque jurídico, se recordó que la esclavitud constituye un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional penal, en particular el Estatuto de Roma, al implicar cosificación humana, deportación masiva y explotación sistemática.
No obstante, el programa enfatizó que el debate actual ya no es únicamente histórico o jurídico, sino profundamente político:
la discusión sobre la esclavitud refleja una disputa global por el relato del orden internacional y por el reconocimiento de las bases históricas de la riqueza del Norte global.
En este sentido, se planteó la necesidad de “descolonizar los derechos humanos”, cuestionando marcos jurídicos que, según los analistas, no han logrado responder eficazmente a las desigualdades heredadas del colonialismo.
Racismo estructural y herencias culturales
El programa también abordó el racismo como una consecuencia directa de la esclavitud y del sistema colonial. Se destacó la persistencia de patrones culturales discriminatorios en América Latina, donde aún perviven imaginarios asociados a la jerarquización racial.
Este componente cultural fue señalado como uno de los principales obstáculos para erradicar el racismo contemporáneo, lo que implica la necesidad de procesos educativos y sociales de transformación profunda.
Entre la memoria y el cambio estructural
Finalmente, el programa concluyó que, aunque la resolución de la ONU no es vinculante, posee una importante fuerza simbólica y política.
Se insistió en que su verdadero impacto dependerá de la apropiación social y política desde las bases, es decir, de la capacidad de los pueblos para convertir el reconocimiento histórico en transformaciones concretas.
En ese sentido, El Mapa planteó que el debate sobre la esclavitud y el racismo no solo pertenece al pasado, sino que constituye un eje central para redefinir el orden internacional contemporáneo, en un contexto de creciente cuestionamiento al modelo unipolar y de emergencia de nuevas dinámicas multipolares.
